Tribunales laborales condenaron al Servicio de Evaluación Ambiental por no proteger a cinco funcionarios que denunciaron acoso, maltrato y represalias.
En un contundente doble fallo judicial, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) fue condenado por vulnerar derechos fundamentales de cinco trabajadores que denunciaron acoso laboral, represalias y maltrato psicológico. Según consigna La Tercera, las sentencias ordenaron al organismo el pago de indemnizaciones millonarias. Además, obligaron a su directora ejecutiva, Valentina Durán, a emitir disculpas públicas.
La primera resolución, dictada el 5 de mayo de 2025 por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, acogió la demanda presentada por los evaluadores Camila Sepúlveda, Lu Contreras, Diego Trecamán y Camila Ramírez. Los funcionarios relataron un sistemático contexto de hostigamiento, con presiones indebidas. Además, mencionaron discriminación, aislamiento funcional y deterioro de su salud mental.
El tribunal estableció que el SEA no actuó frente a las denuncias. También calificó el entorno como un “liderazgo disfuncional”, liderado por el jefe de División Juan Cristóbal Moscoso. Las jefas de departamento Macarena Gross y Camila Carrasco también estaban involucradas. En su fallo, la jueza Andrea Soler sostuvo:
“Los denunciantes sufrieron afectaciones en su integridad psíquica, al desempeñar funciones bajo un mando hostil que incluso cuestionó la Asociación Chilena de Seguridad.”
Amenazas y frases degradantes
Diego Trecamán denunció uno de los episodios más graves. Lo citaron a una reunión donde su jefe lo acusó de “falta de lealtad institucional”. El tribunal calificó esto como una amenaza velada contra su libertad de expresión. La sentencia fijó una indemnización de $5 millones para cada trabajador.
La segunda sentencia, dictada ayer por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, acogió la demanda de Jimena Hevia, jefa del Departamento de Participación Ciudadana del SEA. Hevia denunció a Moscoso por ejercer presiones, emitir frases degradantes como “pronto te quedarás sola” o “ni con 100 manos podrías lograrlo”. Asimismo, manifestó abiertamente:
“Si no te alineas con mis intereses, haré de tu vida laboral imposible”.
El tribunal concluyó que existieron actos discriminatorios y trato diferenciado, vulnerando su derecho a la integridad psíquica y física. Se ordenó al SEA el pago de una indemnización de $10 millones.
Pese a las condenas, desde el organismo señalaron que buscarán anular ambas sentencias, y confirmaron que ya recurrieron en uno de los casos.
