Pese a informes técnicos que alertaban riesgos, el Gobierno autorizó el megaproyecto de la Asociación Gremial Agrícola Central y Sociedad de Ríos Claros S.A. (Casino Dreams) en Talca sin exigir una evaluación ambiental previa. La decisión contrasta con el discurso ambientalista que promueve el Ejecutivo.
En el corazón de Talca, entre los vestigios de la ex Fital y el cauce del Río Claro, se libra una pugna que enfrenta al desarrollo económico, la protección ambiental y la legalidad urbana. La propuesta para construir un nuevo casino —de la cadena Dreams, a través de la empresa Ríos Claros S.A.— ha dividido a autoridades, vecinos y organismos técnicos desde 2022. A continuación, los hitos clave de una historia que aún no baja el telón.
2022: El anuncio y la licitación
En mayo de 2022, la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) convocó una nueva licitación para operar el casino municipal de Talca. La actual concesionaria —Casino Talca S.A.— compitió contra Dreams, que presentó un ambicioso proyecto con instalaciones en el terreno de la ex Fital.
En diciembre del mismo año, la SCJ adjudicó la operación a Ríos Claros S.A. (Dreams), marcando un punto de inflexión en el proceso. El proyecto contemplaba un moderno centro de entretención y hotelería junto al Humedal Urbano del Cajón del Río Claro, lo que de inmediato generó cuestionamientos por parte de urbanistas y organizaciones ambientales.
2023: Recursos judiciales y oposición técnica
El año 2023 estuvo marcado por la judicialización del proceso. En marzo, Casino Talca presentó recursos de protección y reclamaciones ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y la Corte de Apelaciones de Santiago, acusando irregularidades en la evaluación y asignación de puntajes.
Paralelamente, informes de organismos técnicos como la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y la Municipalidad de Talca objetaron el proyecto por su emplazamiento. En octubre de 2023, la DOH advirtió que el terreno propuesto se ubica en una zona de alto riesgo de inundación, y que rellenar o construir sobre pilotes no mitigaría el peligro para las poblaciones aledañas.
2024: Humedal declarado y alerta ambiental
En diciembre de 2024, tras el trabajo sostenido de comunidades ambientalistas preocupadas por el sector, el Ministerio del Medio Ambiente oficializó el reconocimiento del Humedal Urbano Cajón del Río Claro, conforme a la Ley 21.202. El área colindante al terreno del futuro casino quedó bajo protección, lo que reactivó la presión ciudadana para detener el proyecto.
Aun así, el casino no ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), ya que el terreno no estaba protegido al momento de su postulación, lo que generó un vacío legal difícil de revertir. Expertos medioambientales denunciaron una “omisión grave” en el análisis del impacto ecológico.
2025: Fallo judicial y disputa pública
El 6 de febrero de 2025, la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió de manera categórica: ratificó la legalidad del proceso licitatorio y rechazó los recursos presentados por la actual concesionaria. La SCJ celebró el fallo, destacando que se trató de “un proceso transparente y ajustado a derecho”.
No obstante, autoridades locales —como el alcalde de Talca y representantes del Ministerio de Obras Públicas— reiteraron que el proyecto aún no cuenta con permisos clave en materia de construcción, hidráulica, urbanismo ni evaluación ambiental. La controversia escaló cuando Dreams denunció públicamente la existencia de una “campaña de desinformación” y anunció acciones legales contra medios y autoridades que han cuestionado su iniciativa.
Una historia que aún no termina
Hoy, el proyecto vive un momento clave. La decisión del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) del Maule, de permitir que el proyecto “Modificación Parque Ferial AGAC”, que incluye la construcción del Casino Dreams, avance sin someterse a un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), ha desatado cuestionamientos. Esto, debido a que su construcción está ubicada en una zona históricamente inundable y a menos de 500 metros del humedal urbano protegido por ley.
La resolución, firmada el 30 de mayo y publicada recientemente, permite que el megaproyecto —que contempla un centro de convenciones, explanadas, restaurantes y casino en 4,5 hectáreas del ex recinto Fital— se ejecute sin consulta ciudadana ni análisis técnico independiente.
El terreno colinda con el Humedal Urbano Cajón del Río Claro y Estero Piduco, declarado como tal en diciembre de 2024 por el Ministerio del Medio Ambiente. Pese a ello, la Seremi del Medio Ambiente del Maule, mediante el Oficio N.º 3467, concluyó que no corresponde su ingreso al SEIA, basándose únicamente en los antecedentes del titular, sin contrastarlos con informes técnicos externos.
Además, la Dirección General de Aguas (DGA) y la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) advirtieron sobre la presencia de un acuífero vulnerable y los potenciales riesgos de inundación.
Lobby documentado
Según la plataforma de Ley del Lobby, representantes del proyecto —entre ellos Agrícola Central, consultoras ambientales y abogados— sostuvieron al menos cinco reuniones con autoridades del SEA y del Ministerio del Medio Ambiente. Participaron figuras como Valentina Durán (directora nacional del SEA), Roberto Olave Astudillo (SEA Maule) y Daniela de la Jara (Seremi del Medio Ambiente del Maule).
La presión por acelerar la iniciativa se podría relacionar con una cláusula de la Superintendencia de Casinos de Juego, que exige que el recinto esté operativo antes de octubre de 2026, o de lo contrario, el grupo Dreams perdería la concesión para operar en la ciudad.
En su resolución, el SEA reconoce que no emitió una autorización ambiental formal, sino solo una “opinión técnica” sin carácter vinculante. A pesar de ello, la obra puede avanzar sin exigencia de EIA.
¿Qué podría estar en riesgo?
El humedal urbano colindante alberga especies nativas y protegidas, como el picaflor chico, la culebra de cola larga y el sapo de rulo. Además, cumple funciones ecosistémicas críticas, como absorber CO₂, mitigar inundaciones y recargar acuíferos.
Además, la cercanía del humedal con el proyecto y la posible filtración de aguas desde zonas impermeabilizadas podrían alterar los flujos naturales del ecosistema, afectando gravemente su equilibrio. Debe considerarse que el terreno dejará de absorber el agua de las lluvias, ya que será reemplazado por superficies de cemento.
Posibles acciones futuras
El megaproyecto aún debe obtener permisos sectoriales para avanzar en su construcción. Sin embargo, organizaciones ciudadanas podrían recurrir a la Superintendencia del Medio Ambiente, a la Contraloría General de la República o incluso a los tribunales ambientales, con el objetivo de revertir la decisión del SEA, alegando una posible irregularidad por la existencia de una dualidad de promitentes, lo que infringiría la normativa legal vigente.
Si bien el futuro proyecto contempla, en teoría, múltiples beneficios para la comunidad maulina, también plantea interrogantes entre las organizaciones ambientalistas respecto a la protección del humedal urbano.
