Por primera vez, el Estado de Chile reconoce oficialmente que en Colonia Dignidad se cometieron violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
En un hecho histórico, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó un informe que califica las violaciones cometidas en Colonia Dignidad como una de las más graves y complejas registradas en el país. El documento, de 206 páginas, constituye el primer reconocimiento institucional de que el enclave alemán violó sistemáticamente los derechos humanos de sus víctimas.
“El Estado no intervino de manera inmediata ni eficaz”, afirma el texto, aprobado por unanimidad por el Consejo del INDH. El informe detalla que, desde su fundación en los años 60 hasta bien entrada la democracia, en Colonia Dignidad se practicaron trabajo forzado, torturas, abusos sexuales, desapariciones forzadas y colusión con organismos represores.
La directora del INDH, Consuelo Contreras, sostuvo que “pocas veces se han documentado tantas formas de abuso en un solo caso, durante un período tan prolongado”. El informe plantea además la urgencia de crear una comisión investigadora oficial y una política pública de memoria, justicia y reparación.
Expropiaciones para un sitio de memoria
El documento también apoya la intención del Ejecutivo de expropiar terrenos de la ex Colonia, como lo han solicitado las agrupaciones de víctimas, y propone un marco legal para la protección de sitios de memoria.
La investigación se inició en 2019, pero fue postergada por el estallido social y la pandemia. En enero de 2025, una comitiva del INDH visitó Villa Baviera, donde recogió testimonios y evidencias sobre las graves vulneraciones ocurridas en el lugar.
El cierre de la presentación incluyó un conversatorio encabezado por el periodista Néstor Aburto, con la participación de Carlos Basso, José Aylwin y Loreto López, quienes reforzaron la idea de que este reconocimiento no puede quedarse en lo simbólico.
“Este informe es una señal clara de lo que el país aún debe enfrentar. No podemos hablar de verdad ni reparación mientras el Estado no asuma su responsabilidad histórica”, concluyó Contreras.
