Una comisión de expertos propuso actualizar la medición oficial de la pobreza en Chile, lo que elevaría la cifra del 6,5% actual al 22,3%.
Una nueva metodología para medir la pobreza en Chile, propuesta por la Comisión Asesora Presidencial, plantea una revisión profunda de los indicadores actuales. Elevando así el porcentaje de personas bajo la línea de pobreza de 6,5% a 22,3% en la Encuesta Casen 2022.
El informe final, entregado por la instancia que trabajó entre diciembre de 2023 y mayo de 2025, considera una actualización de los métodos de cálculo. Estos se basan en el enfoque de pobreza multidimensional, incorporando factores como educación, salud, trabajo, vivienda y redes sociales.
Según el nuevo cálculo, si se aplicara esta metodología a los datos de años anteriores, la tasa de pobreza habría sido de 24,2% en 2017 y de 32,2% en 2020. Estas cifras son mucho más altas que las previamente reportadas. Pese a ello, el porcentaje de 2022 sigue siendo menor a los de esos años, mostrando cierta mejora.
Cambios notorios
Entre los principales cambios propuestos está una redefinición de la canasta básica de alimentos. Este proceso plantea reemplazar el criterio de calorías mínimas por uno enfocado en alimentación saludable. La Comisión advierte que el enfoque actual no refleja la realidad nutricional del país. También subestima la pobreza, al no considerar el efecto del consumo de alimentos ultraprocesados.
Otro punto crítico abordado es el valor del arriendo, que ha sido mal ajustado en los cálculos oficiales. Se propone separar las líneas de pobreza entre quienes pagan arriendo y quienes no lo hacen. Además, se plantea eliminar el arriendo imputado como ingreso, ya que genera distorsiones que excluyen injustamente a miles de hogares.
“El problema no es la falta de calorías, sino el exceso de alimentos de mala calidad nutricional”, subraya el informe. Esto señala que el ingreso monetario no siempre garantiza acceso a bienes básicos.
Respecto al Índice de Pobreza Multidimensional, se plantea incorporar seis nuevos indicadores. Estos incluyen: nivel de aprendizaje escolar, asistencia a controles preventivos, cuidados no remunerados, asequibilidad de la vivienda y conectividad digital. Con estos ajustes, se busca reflejar con mayor precisión las privaciones reales que enfrentan los hogares chilenos.
La Comisión también recomendó no usar los datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) 9, debido a que las transferencias extraordinarias, como los retiros de fondos de pensiones, influyeron en ellos. En su lugar, sugiere usar la EPF 8 ajustada por inflación.
Aunque las recomendaciones no son vinculantes, los expertos reconocen que cualquier actualización metodológica podría implicar un aumento en las cifras oficiales de pobreza. Los organismos estatales responsables deberán evaluar este potencial aumento.
