Cinco funcionarios de la FACh fueron detenidos tras intentar trasladar ketamina desde Tarapacá. Gobierno y Fiscalía investigan posible nexo con el Tren de Aragua.
Una nueva arista del narcotráfico quedó al descubierto luego de que la Fuerza Aérea de Chile (FACh) informara sobre la detención de cinco de sus funcionarios. Estos intentaron trasladar una sustancia ilícita desde Tarapacá hasta Santiago. Su destino era el Grupo 10 de la FACh.
Aunque en un primer momento no se reveló el tipo de droga incautada, fuentes del medio La Tercera indican que se trataba de 4 kilos de ketamina. Este es un anestésico de uso veterinario que también se emplea en la fabricación del potente alucinógeno conocido como “tusi” o “droga rosa”.
Este hallazgo provocó la inmediata reacción del Presidente Gabriel Boric. Él convocó a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas a una reunión urgente en La Moneda. La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, señaló que los implicados fueron dados de baja. Además, el Mandatario ordenó entregar todos los antecedentes a la Fiscalía Regional de Tarapacá. Cabe considerar que, en un principio, la FACh se negó a entregar todos los antecedentes vinculados a la investigación que realizaba la Fiscalía de Aviación.
“La Fuerza Aérea debe entregar los antecedentes de hecho a la fiscalía, como lo establece el artículo 19 del Código Procesal Penal”, declaró Delpiano tras la cita con los altos mandos.
El caso ha levantado fuertes sospechas sobre un posible vínculo con el Tren de Aragua. Esta es una organización criminal internacional que, según fuentes especializadas, ha dominado el tráfico de ketamina en el norte de Chile. Las autoridades consideran a la zona de Tarapacá, en particular, como una puerta de entrada del crimen organizado.
En conversación con Radio Universo, la fiscal regional Trinidad Steinert confirmó que el Ministerio Público aún no accede a todos los antecedentes del caso. Sin embargo, señaló que hay indicios de que se trata de ketamina.
El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, adelantó que el Gobierno trabaja en reformas legales para “actualizar el marco normativo y dotar de más herramientas a las instituciones”. El Estado busca prevenir la infiltración del crimen organizado en sus fuerzas.
