Rodrigo Poblete Reyes. Abogado. Concejal de Talca.
En el Maule sabemos lo que cuesta que Santiago y Valparaíso nos oigan. Por eso interesa recordar por qué existe la semana distrital: esos días del calendario parlamentario que, en teoría, acercan la política centralista a las realidades de Talca, Curicó, Linares y Caquenes.
La figura nació al trote, poco después de 1990, cuando los jefes de comité empezaron a bloquear unos días del mes para que las diputadas y diputados —ahora instalados en Valpo— sacaran tiempo para volver a sus comunas. Esa costumbre se repitió por más de dos décadas, hasta que en marzo de 2014 quedó escrita en piedra: la reforma reglamentaria incorporó el actual artículo 38 al Reglamento de la Cámara de Diputadas y Diputados, que fija la última semana de cada mes para “trabajo distrital” y suspende las sesiones de Sala y de comisión.
La razón de fondo es simple: el mandato parlamentario no se ejerce solo con el trabajo legislativo en el Congreso, si no que también con los pies y la oreja puestos en el territorio. La semana distrital es, pues, parte de la jornada ordinaria —no feriado, ni vacaciones— y su eje es la rendición de cuentas ante la comunidad que eligió al o la representante y la retroalimentación necesaria desde la comunidad hacia su legislador/a para la mejor representación de las necesidades locales.
Con ese contexto, miremos el caso del diputado y Secretario General de la UDI, Juan Antonio Coloma Álamos. Electo por el Distrito 14 —Melipilla, San Bernardo, Buin y otras —, los registros de prensa y redes muestran cómo, semana distrital tras semana distrital, se instala en el Maule, tierra del escaño senatorial de su padre. Hoy realiza aquí actividades públicas, entrevistas y reuniones que poco tienen que ver con los vecinos de su propio distrito.
¿Hay reproche jurídico? Varios. Primero, territorial: el artículo 38 exige que la labor se haga en el distrito propio. Segundo, ético: el mismo Reglamento (artículo 346, N° 1 letra c) prohíbe usar la investidura de “diputado” para fines personales. Tercero, de probidad: la Ley 20.880 sobre Probidad en la Función Pública, si bien no aplicable directamente al Congreso Nacional, sí nos entrega orientaciones sobre lo que hemos alcanzado como consenso en torno a la probidad en general y la prevención de los conflictos de intereses. Esta ley ordena anteponer siempre el interés general sobre el particular; por ello, desplazar recursos, personal o viáticos financiados con plata pública para posicionar una futura candidatura es, precisamente, lo que esa ley busca evitar.
El tema no es menor: el propio diputado Coloma, en su rol de Secretario General de la UDI, ingresó una solicitud a la Contraloría General de la República para que se pronunciara sobre una materia relacionada, pero respecto del rol del Presidente de la República frente a la ganadora de las primarias del oficialismo. Por tanto, debemos entender que, para el propio parlamentario, el eventual uso de recursos públicos para fines puramente electorales resulta censurable.
Mientras Coloma hijo hace base en Talca con miras a heredar el sillón de Coloma padre, se socava aún más la escasa confianza ciudadana en el Congreso Nacional. Cada peso de asignaciones territoriales gastado fuera del distrito, cada bandera de campaña en días y horarios de función distrital, horada el prestigio de las instituciones —confianza ya golpeada por escándalos recientes.
El dilema es claro: o la semana distrital sigue siendo el puente que conecta al Congreso con la ciudadanía, o se transforma en pasarela dinástica financiada por todos. La pelota está en la cancha de la Comisión de Ética, del Servel y, sobre todo, de una opinión pública que ya no compra lógicas de feudo familiar. Porque la democracia se cuida en las grandes reformas, sí, pero también —y sobre todo— en los gestos concretos de cada parlamentario cuando vuelve, o debería volver, a su propio territorio.
