Martes, Julio 29, 2025
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Autoridades municipales protestan en La Moneda exigiendo justicia por María Ignacia González

Más de 40 días después de la desaparición de María Ignacia González, alcaldes y concejales marcharon a La Moneda para exigir acciones concretas al Gobierno.

Una multitudinaria movilización de autoridades comunales se llevó a cabo este lunes en Santiago. Fue liderada por alcaldes y concejales de diversas regiones del país. La protesta tuvo como eje central la desaparición de la concejala de Villa Alegre, María Ignacia González. Su paradero sigue siendo desconocido tras más de 40 días de intensa búsqueda.

La manifestación fue convocada por la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) y la Asociación de Municipios Rurales (AMUR). Sus representantes llegaron hasta el Palacio de La Moneda para entregar una carta dirigida al Presidente Gabriel Boric. En la carta, solicitaron un rol activo y visible del Ejecutivo en este caso.

Si el Estado no puede encontrar a una autoridad electa democráticamente, ¿qué puede esperar un ciudadano común?”, señala el documento entregado en la sede de Gobierno.

María Ignacia González desapareció el 15 de junio en la Región del Maule. A pesar de diversos operativos de búsqueda, el caso aún no arroja pistas claras. La Fiscalía designó recientemente al fiscal regional Julio Contardo para llevar la investigación con dedicación exclusiva. Esto ocurrió luego de que la familia denunciara falta de avance y contradicciones en las diligencias iniciales. “El fiscal anterior nos mintió”, afirmaron sus hijas. Ellas también participaron en la movilización.

El alcalde de Villa Alegre, Arturo Palma, expresó su preocupación por el impacto institucional del caso. “Hoy fue nuestra concejala, mañana puede ser un alcalde, un diputado o un senador. Esto no se puede normalizar”, advirtió con fuerza ante los medios.

Los organizadores coincidieron en que, si se confirma la intervención de terceros, estaríamos frente a un hecho de “altísima gravedad institucional”. Tal situación afecta no solo a una persona, sino que también representa una amenaza directa al funcionamiento del sistema democrático.

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