Una fiscalización del Consejo para la Transparencia identificó a más de 80 mil funcionarios con múltiples registros contractuales en organismos públicos.
Una fiscalización extraordinaria realizada por el Consejo para la Transparencia (CPLT) detectó 81.112 funcionarios que figuran con más de un contrato en el Estado, ya sea en la Administración Central, municipios o corporaciones municipales. El proceso se desarrolló entre marzo y diciembre de 2024. Se revisaron datos de 787 instituciones públicas, correspondientes a septiembre de 2023.
El CPLT analizó planillas de personal bajo las modalidades de planta, contrata, honorarios y Código del Trabajo. Según el informe, el 80% de los casos presenta dos registros. El 20% restante presenta tres o más. En el 73% de las situaciones, los múltiples vínculos laborales se concentran en una misma institución. Esto ocurre especialmente en municipalidades, y particularmente en el área de educación.
En contraste, el 27% restante corresponde a funcionarios que trabajan en dos o más instituciones distintas. La combinación más común es entre municipios y la Administración Central (10% del total).
Con respecto al tipo de contratación, el 20% corresponde a múltiples contratos a honorarios. El 19% mezcla contrata y honorarios. El 18% posee más de un registro bajo la modalidad de contrata. Estas combinaciones representan más del 57% de los casos.
Puede derivar en incompatibilidades
El CPLT aclaró que la multiplicidad de registros no constituye necesariamente una irregularidad. Sin embargo, puede derivar en incompatibilidades, como ocurre con funcionarios que ocupan cargos de planta en una institución y honorarios en otra. Puede haber falta de claridad sobre su compatibilidad horaria.
Uno de los casos más llamativos fue el de un profesional que mantiene 11 contratos simultáneos a honorarios con distintas municipalidades. La remuneración mensual es superior a $16 millones.
El informe también expone la existencia de alcaldes y jueces de policía local con cargos vigentes en otras instituciones. Aunque están en permisos sin goce de sueldo, lo cual es legal según la normativa actual.
Por otro lado, el CPLT advirtió infracciones al derecho de acceso a la información en 79 solicitudes analizadas. Se detectaron 17 solicitudes sin respuesta o respondidas parcialmente, además de errores. Estos incluyen la entrega de datos sensibles sin anonimizar, información errónea, y respuestas inconsistentes con lo publicado en los portales de Transparencia Activa.
“Este tipo de fiscalización permite visibilizar posibles brechas normativas y la necesidad de mejorar los mecanismos de control. Sin que ello implique necesariamente que todos los casos representen faltas”, señalaron desde el CPLT.
