Por José Miguel Rodriguez Letelier, Abogado.
“Los comunistas también tenemos derecho a tener iPhone”, afirmó la candidata presidencial Jeannette Jara, generando titulares, bromas en redes sociales e incluso líneas editoriales de los principales medios de comunicación de Chile. Lo que pareció una frase provocadora encierra, sin embargo, una pregunta de fondo crucial: ¿quién financia la tecnología que usamos a diario? ¿Es solo mérito del mercado, o hay un actor invisibilizado en la narrativa dominante? ¿Qué rol ocupa el Estado en la innovación, la tecnología y el crecimiento de los países?
Ahora bien, habría que comenzar señalando que los gobiernos de todo el mundo buscan cada vez más promover una transformación y un crecimiento económico inclusivos y sostenibles impulsados por la innovación. En el contexto de desafíos sociales y ambientales ascendentes, combinados con un escenario internacional cada vez más polarizado, – dicotómico en algunas realidades como la chilena – establecer una dirección clara es más importante que nunca. Mejorar la salud pública y el saneamiento del agua, mitigar el cambio climático, disminuir los efectos nocivos ambientes, reducir la desigualdad y garantizar una prosperidad compartida son objetivos sumamente desafiantes, pero deben alcanzarse para lograr una trayectoria de crecimiento más sostenible. Sin embargo, los gobiernos actuales carecen no sólo de una orientación decidida y proactiva, sino también de los marcos políticos necesarios para abordar los desafíos contemporáneos de manera efectiva.
La economista, doctora y académica del University College London, Mariana Mazzucato ha dedicado su carrera a responder precisamente este tipo de preguntas. En su libro El Estado emprendedor (Mazzucato, 2014), argumenta que tecnologías clave como el GPS, Internet, desarrollada por el Departamento de Defensa de EE. UU., la pantalla multitáctil, surgida de investigaciones universitarias financiadas por la National Science Foundation, Siri, el asistente virtual, desarrollado a partir de un proyecto de DARPA en Stanford, la pantalla multitáctil, e incluso la nanotecnología, fundamentales para el iPhone, fueron posibles gracias a décadas de inversión estatal en investigación básica, lideradas por instituciones como DARPA, la National Science Foundation o la propia CIA. El sector privado —en este caso, Apple— logró integrarlas y comercializarlas con éxito, pero difícilmente habría podido hacerlo sin ese soporte previo, sin el riesgo que ello significaba inicialmente.
La cita de Jara, pronunciada en agosto de 2025 en un contexto de críticas a su patrimonio, fue ampliamente cubierta por medios como La Nación (2025) y Biobío Chile (2025), y más allá de su tono defensivo, instala un debate relevante sobre el rol que el Estado debe asumir en una economía basada en el conocimiento, la ciencia y la tecnología.
Mazzucato (2019) sostiene que el Estado no debe limitarse a corregir fallos del mercado, sino liderar procesos de transformación productiva mediante políticas industriales activas, inversión en I+D+i y alianzas público-privadas bien estructuradas. Esta visión, compartida por experiencias exitosas como la alemana, la coreana o incluso la estadounidense durante la Guerra Fría, contrasta con la idea de un Estado pasivo y meramente regulador.
Mazzucato examina, además la importancia de ubicar la vida en el centro de la ocupación. Al respecto, cita a autoras que han inspirado su obra tales como Hannah Arendt (vida pública), Elinor Ostrom (creación de comunidad mediante bienes comunes), Kate Raworth (economía circular), Sthephanie Keton (poder de las finanzas), Edith Penrose (organizaciones creadoras de valor), Carlota Pérez (transición verde inteligente), y Arundhati Roy (imaginar nuevos mundos). De igual forma, afirma que la sociedad del conocimiento y su economía no son resultado de la acción espontánea, dado que el éxito social requiere de la participación del Estado, posición muy diferente al pensamiento de autores libertarios como F. V. Hayek, L. V. Mises, J. Huerta de Soto, J. R. Rayo, y M. Rothbard entre otros, quienes advierten sobre los riesgos de las consecuencias no esperadas de las acciones bien intencionadas del propio Estado. Mientras Mazzucato defiende los impuestos como un camino hacia el bienestar social, otros sectores consideran que las cargas tributarias son una agresión del Estado contra el individuo, donde el Gobierno amparado en su monopolio de la fuerza expropia a los ciudadanos del fruto de su trabajo para destinar dichos recursos a diversas actividades, incluso, muchas contrarias al interés del contribuyente y de la sociedad en general; léase guerra, corrupción, bienes suntuarios, además del despilfarro propio de los gobiernos. Nada garantiza que el Estado genere una mejor inversión de los recursos privados que lo que podrían hacer los mismos ciudadanos (contribuyente) con sus propios recursos, sino fueran víctimas de la expoliación Estatal.
Para el economista de la Universidad de Cambridge, Ha-Joon Chang, el dominio de ese discurso ha implicado hacer que los países más pobres desperdicien recursos. Chang aborda el tema en su libro Malos Samaritanos, título que alude justamente a los que aconsejan a las naciones pobres crecer sin Estado. Chang sostiene que es la presencia activa del Estado la que explica el desarrollo de países como Japón, Corea, Finlandia (en los dos primeros, el Estado incluso definió qué debían exportar las empresas durante décadas). Pero el Estado proactivo también guió el desarrollo de Estados Unidos, el Reino Unido y de la mayor parte de las naciones que hoy prosperan. Al presentarlo como un lastre para el crecimiento, lo que hacen los países ricos es “patear la escalera” que les permitió desarrollarse, impidiendo que otros suban por ella (“Patear lejos la escalera del desarrollo” es el titulo de otro de los libros de Chang).
En el caso chileno, este enfoque cobra urgencia cuando el país enfrenta desafíos energéticos, climáticos y productivos enormes, pero también cuenta con ventajas estratégicas relevantes como el litio, cobre, potencialmente el hidrógeno verde, junto capacidades científicas incipientes. Convertir esas ventajas en desarrollo sostenible, o de economías emergentes, requiere más que mercados eficientes: una visión pública, liderazgo estatal y capacidad para asumir riesgos de largo plazo.
El problema, es que el Estado asume los riesgos, pero las ganancias suelen quedar en manos del sector privado. “Socializamos el riesgo, pero privatizamos las recompensas”, ha señalado en reiteradas ocasiones la Doctora Mazzucato (Time Magazine, 2015). Frente a eso, se propone que el Estado recupere parte del retorno de sus inversiones mediante mecanismos como participación accionaria, propiedad intelectual o impuestos progresivos (Mazzucato, 2015).
En su obra más reciente, Mission Economy, sostiene que el Estado debe actuar como un inversor estratégico con misión, orientando la innovación hacia objetivos públicos claros: la transición verde, la justicia social, la salud colectiva, entre otros (Mazzucato, 2021).
En suma, la frase de Jeannette Jara puede parecer banal, pero encierra una verdad incómoda: el iPhone, símbolo del capitalismo triunfante, es hijo también de la inversión y el riesgo del Estado. Contar mal la historia de cómo se genera la innovación tiene también un efecto económico-ético: facilita a las compañías apropiarse de las utilidades que generan los conocimientos que fueron financiados con recursos públicos. Por tanto, la verdadera pregunta no es si un comunista, libertario o cualquier otro ciudadano puede tener o no un iPhone, sino si Chile será capaz de construir su propia tecnología, de romper el paradigma productivo de manufacturas e integrar verticalmente la producción de tecnología, de apostar por la ciencia, el desarrollo de inteligencia artificial, la física cuántica en otras tecnologías. Es decir, ¿Tendremos un Estado que solo regula, administra y observa los fenómenos sociales, o uno que lidera, innova y redistribuye vigorizando su propia economía?
