Ante una serie de antecedentes alarmantes sobre eventuales vulneraciones que habrían afectado a lactantes, niños y niñas en la residencia de protección “Caracola”, ubicada en la comuna de Linares, el diputado por el Maule, Roberto Celedón, ingresó una denuncia formal ante la Contraloría Regional del Maule solicitando una fiscalización al Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez).
Esta acción se adoptó tras recibir la respuesta oficial al oficio parlamentario que el diputado presentó en marzo de este año, dirigido al Ministerio de Desarrollo Social y al Servicio Mejor Niñez, en el que se advertía sobre graves falencias en el funcionamiento del recinto. La residencia, dependiente de la Corporación de Ayuda a la Familia, habría presentado deficiencias severas, entre ellas: alimentación inadecuada a niños y lactantes con necesidades especiales, infraestructura riesgosa, ausencia de medidas de seguridad en los traslados, falta de personal suficiente e idóneo y carencia de controles médicos oportunos. Estas denuncias fueron posteriormente confirmadas mediante informes técnicos del Servicio Mejor Niñez, el Tribunal de Familia de Linares y la SEREMI de Salud del Maule.
Uno de los episodios más graves se registró en enero, cuando la SEREMI de Salud la clausura sanitaria de la residencia tras comprobar que el agua utilizada, proveniente de una noria, se encontraba contaminada y era no apta para el consumo humano. Esto se sumó a un brote previo de norovirus, lo que puso en riesgo directo la salud de los lactantes y niños albergados en el centro.
Frente a estas condiciones, el diputado Celedón declaró: “Hemos estimado nuestro deber solicitar una fiscalización a la Contraloría después de conocer la respuesta al oficio que enviamos. Estimamos que hay antecedentes sólidos para requerir un pronunciamiento del órgano contralor, porque, en definitiva, se trata de lo más importante en nuestra sociedad, que son los niños, y los niños respecto de un organismo cuyo deber es proteger y defender. Por lo tanto, creemos que hay fundamentos suficientes para aplicar todo el rigor de la ley”.
Actualmente, el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia lleva adelante un procedimiento sancionatorio contra la Corporación de Ayuda a la Familia, iniciado recién en el mes de febrero, solo una vez que el recinto fue clausurado por la SEREMI de Salud del Maule, no obstante los problemas habían sido detectados e informados desde a lo menos de octubre de 2024 debido a graves deficiencias detectadas en la residencia Caracola y antecedentes similares en otros centros que administra. Según el informe técnico del propio servicio, el funcionamiento del recinto fue calificado como insuficiente, con serias falencias en salud, higiene, abastecimiento básico y clima laboral, lo que motivó la apertura de un proceso formal para determinar responsabilidades administrativas y contractuales.
Con esta denuncia ante la Contraloría, el parlamentario y representante del Maule, Roberto Celedón, busca esclarecer no solo la eventual responsabilidad del organismo colaborador, sino también la actuación del propio Servicio Mejor Niñez y sus capacidades de fiscalización. El diputado Celedón enfatizó que “la infancia no puede esperar” y que las instituciones responsables de la protección de los niños deben ser fiscalizadas con máxima rigurosidad y cumplir los estándares mínimos. “Este no es un problema administrativo, es un problema ético y de derechos humanos. Por eso, hemos recurrido a la Contraloría, para que se investigue y se determinen responsabilidades con la seriedad que exige este caso”, concluyó.
