La justicia ha adoptado medidas cautelares contra los cuatro exfuncionarios involucrados en el caso de torturas ocurridas en el Hospital de Osorno entre 2018 y 2020.
Dos de ellos permanecerán en prisión preventiva, mientras que los otros dos cumplirán arresto domiciliario total.
Durante la audiencia de formalización, se dieron a conocer nuevos antecedentes sobre las supuestas motivaciones detrás de los ataques y humillaciones sufridas por un funcionario del hospital.
Según el Diario de Osorno, uno de los imputados se entregó voluntariamente el pasado viernes siguiendo la recomendación de su abogado, Máximo Silva, quien señaló que su cliente estaba afectado desde el punto de vista psicológico y que lo más sensato era colaborar con la investigación.
El defensor generó polémica al describir los ataques como “dinámicas realizadas por el equipo de trabajo para pasar el tiempo durante la pandemia”. Además, indicó que la víctima, en algunos casos, habría participado de manera voluntaria en estas acciones, un aspecto que deberá esclarecer la justicia. Silva insistió en que los registros audiovisuales deben analizarse con cautela y subrayó que hay “bastantes aristas que esclarecer”, reiterando su disposición a colaborar en el proceso judicial.
