El proyecto de ley que regula la eutanasia y el suicidio médicamente asistido en Chile volvió al debate público, luego de que la Comisión de Salud del Senado reactivara su discusión, tras meses de pausa legislativa.
La iniciativa, que busca establecer un marco legal para permitir que personas con enfermedades graves e incurables puedan solicitar asistencia médica para poner fin a su vida de manera voluntaria, segura y regulada, ha generado diversas reacciones en el mundo político, médico y social.
Según lo señalado en el Congreso, el proyecto establece requisitos estrictos para acceder a la eutanasia.
el solicitante sea mayor de 18 años, que padezca una enfermedad irreversible o terminal que le cause sufrimientos físicos o psíquicos intolerables, y que su voluntad sea expresada de manera libre, informada y reiterada.
Las posturas frente a la iniciativa se mantienen divididas. Mientras algunos sectores políticos y organizaciones ciudadanas defienden la propuesta como un acto de respeto a la dignidad y autonomía de las personas, otros sostienen que abrir esta posibilidad podría vulnerar el valor de la vida humana y generar riesgos éticos en su implementación.
Desde el ámbito médico, el Colegio de Médicos y diversas agrupaciones de profesionales han manifestado la necesidad de acompañar la discusión con un fortalecimiento paralelo de los cuidados paliativos, de modo que los pacientes tengan acceso garantizado a tratamientos que alivien el dolor y el sufrimiento.
El Gobierno, en tanto, ha señalado que mantendrá una posición de apertura al debate, destacando la importancia de considerar la experiencia internacional en esta materia.
Países como España, Bélgica, Canadá y Países Bajos ya cuentan con legislaciones similares.
La discusión legislativa continuará en las próximas semanas en el Senado, y se espera que el tema sea parte central de la agenda social durante este segundo semestre.
