El alcalde de Molina, Felipe Méndez Guzmán, ha tomado medidas drásticas tras el escándalo de los “funcionarios viajeros”, un caso de corrupción administrativa que ha sacudido a la comuna.
El edil destituyó a 29 funcionarios municipales que fueron sorprendidos viajando al extranjero mientras se encontraban con licencia médica. La investigación, liderada por la Contraloría General de la República, concluyó que ninguno de los involucrados pudo justificar sus viajes con motivos médicos, lo que llevó a sanciones severas.
La lista de destituidos incluye a personal de alto rango, como directores de departamentos y funcionarios con más de 30 años de servicio. Entre los afectados se encuentran empleados de los departamentos de Salud y Educación.
El alcalde Méndez ha expresado su compromiso con la transparencia y la probidad, asegurando que la medida se adoptó para proteger los recursos públicos y mantener la confianza de la comunidad.
Consultado el abogado laboralista Nicolás Salhus Mardones, del estudio jurídico “Estudios Legales”, señalo: “He tenido la oportunidad de revisar el decreto respectivo, y considero que es fundamental analizar los procedimientos sumarios que fundaron las destituciones y términos laborales, ya que podrían existir infracciones al principio de juridicidad, y garantías constitucionales, el efecto de esto es que se podría revertir la decisión del Alcalde de Molina”.
Este caso ha generado un debate en la región sobre la ética en la función pública y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control en las municipalidades. Mientras algunos aplauden la decisión del alcalde como un ejemplo de firmeza ante la corrupción, otros cuestionan la gestión interna del municipio y la falta de supervisión que permitió que los hechos ocurrieran.
La situación también ha tenido repercusiones en el ámbito político, con críticas a la administración anterior y llamados a revisar los procesos de contratación y fiscalización en la comuna. Se espera que este caso sirva como precedente para reforzar las políticas de transparencia y responsabilidad en el sector público.
Este escándalo pone en evidencia la importancia de una gestión pública ética y transparente, y subraya la necesidad de fortalecer los mecanismos de control para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.
