Tras años de espera, la normativa que obliga a retirar el cableado en desuso busca mejorar la estética urbana, aumentar la seguridad y optimizar el espacio público en las ciudades chilenas.
La ley “Chao Cables”, que obliga a las empresas de telecomunicaciones a retirar el cableado aéreo en desuso en Chile, entró en vigor el 21 de septiembre de 2025. Esta legislación, promulgada en 2019 durante el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera, busca eliminar la denominada “basura aérea” que afecta la estética urbana y representa un riesgo para la seguridad pública.
A pesar de la promulgación de la ley en 2019, su implementación efectiva se retrasó debido a la falta de un reglamento que detallara su aplicación. Este reglamento fue aprobado por la Contraloría General de la República en marzo de 2025, permitiendo que la ley comience a aplicarse en septiembre de ese año.
La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), los municipios y autoridades regionales tienen la facultad de fiscalizar el estado del cableado y solicitar a las empresas planes de identificación y reordenamiento de sus redes.
Sin embargo, la implementación de la ley ha enfrentado críticas por la falta de recursos y herramientas en los municipios para llevar a cabo las fiscalizaciones y retiros necesarios. Alcaldes han señalado que, a pesar de la existencia de la ley, no se han entregado los medios adecuados para su ejecución efectiva.
La ley establece sanciones para las empresas que no cumplan con el retiro del cableado en desuso. Estas multas pueden alcanzar hasta 50 millones de pesos, y los fondos recaudados se destinan a beneficio municipal. Además, las empresas son responsables de la disposición final de los cables retirados, los cuales deben ser gestionados de acuerdo con la legislación ambiental vigente.
Se espera que la implementación de la ley “Chao Cables” contribuya a mejorar la calidad urbana, reducir riesgos de accidentes por caída de cables y optimizar el uso del espacio público. Además, se busca promover una ciudad más ordenada y segura para los ciudadanos.
