Lunes, Noviembre 3, 2025
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Fin a Punta Peuco: Contraloría aprueba decreto que convierte recinto en un penal común

La Contraloría tomó razón del decreto que transforma Punta Peuco en un penal común, cumpliendo el compromiso presidencial de terminar con cárceles de “primera categoría”.

El Presidente Gabriel Boric anunció este lunes en La Moneda que la Contraloría General de la República tomó razón del decreto que convierte Punta Peuco en un penal común. Con esto, se cumple el compromiso asumido durante su última Cuenta Pública.

Se acaba Punta Peuco como un penal especial para victimarios de la dictadura civil y militar. Desde hoy en Chile no existen cárceles de primera y segunda categoría”, declaró el Mandatario. Calificó la medida como un acto de justicia y optimización de recursos públicos.

La decisión pone término a tres décadas de funcionamiento del recinto penitenciario ubicado en Tiltil. Fue creado en 1995 bajo el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle para albergar a condenados por violaciones a los derechos humanos, como Manuel Contreras, exjefe de la DINA, y el brigadier Pedro Espinoza.

Presidente Gabriel Boric, junto al ministro de Justicia, Jaime Gajardo, y la vocera de Gobierno, Camila Vallejo.

De acuerdo con información publicada por Ciper, el penal pasará a llamarse Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) Tiltil. Sus dependencias serán destinadas a reclusos comunes, conforme a los criterios de seguridad definidos por Gendarmería de Chile.

El Presidente detalló que ya se ejecutan obras de remodelación en el recinto. Estas incluyen la construcción de nuevos módulos, espacios de visita, oficinas técnicas y sistemas de tecnovigilancia. Los trabajos concluirán a inicios de 2026, permitiendo recibir a los primeros internos durante el primer trimestre de ese año.

Terminar con el privilegio que representó este penal por décadas es un paso más hacia un Chile más democrático y respetuoso de la dignidad humana”, enfatizó Boric.

El cierre de Punta Peuco sigue la línea del penal Cordillera, clausurado en 2013 durante el gobierno de Sebastián Piñera. Con esta medida, el Ejecutivo consolida una de sus promesas emblemáticas en materia de derechos humanos y memoria histórica.

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