Diego Palomo. Universidad de Talca.
Señor Director:
Los acontecimientos verificados en el país desde el 18 de octubre de 2019 –que dieron inicio a lo que se conoció como “estallido social”– con permanentes y masivas protestas por un cambio en el modelo político y económico, exigiendo cambios sustantivos, pusieron especialmente en evidencia una serie de demandas ligadas a la institucionalidad, entre ellas a la Justicia. Algunos alegaron sorpresa y señalaron que no lo vieron venir. Los procesos constituyentes que siguieron a estas protestas no estuvieron a la altura, fracasaron, y desde luego no lograron hacerse cargo por lo menos de los problemas más graves.
Pues bien, en noviembre de 2025, seis años después, ad portas de una elección presidencial, seguimos entrampados con la crisis institucional de la Justicia que estos últimos años coincide con bochornosos y reprochables sucesos que vieron luz a partir del denominado caso audios o caso Hermosilla. Pareciera que a los postulantes a la Moneda interesara fundamentalmente en materia de sistema de Justicia donde construir más cárceles, sin casi incidir en los debates que se han verificado hasta ahora en propuestas claras y sistémicas respecto al sistema judicial. Por ejemplo, no he leído ninguna propuesta que postule eliminar la intervención del Senado en el nombramiento de ministros de la Corte Suprema.
Como sea, la situación es grave y ya no puede minimizarse. Si pensamos en las células cancerígenas que amenazan la salud de la Justicia y que tienen los índices de confianza de la ciudadanía en el sitial más bajo de las últimas décadas, el podio lo integra, sin dudas, 1) la corrupción: jueces, fiscales o policías que actúan por intereses personales, sobornos o favores políticos; 2) la impunidad: cuando los poderosos o cercanos al poder no enfrentan consecuencias, mientras otros, sin ese poder, sí; y 3) la falta de independencia: cuando el sistema judicial está controlado o presionado por el poder político o económico.
La institucionalidad judicial está en juego, y eso no es ninguna broma. De una institucionalidad sólida y sana depende la prosperidad y democracia de los países. Espero que quién asuma la presidencia tenga la capacidad y preparación para llevar adelante, sin empeorar las cosas, los cambios necesarios que permitan recuperar la imagen de la Justicia.
No me cansaré de recomendar un libro qué recomiendo vivamente “Por qué fracasan los países” (2012) de Acemoglu y Robinson, que analiza cómo las instituciones (su solidez) determinan la prosperidad de los países. Debiese ser lectura obligada para los presidenciales.
