La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó el sobreseimiento definitivo de Felipe Berríos, quien celebró la decisión y acusó al juez y a la Fundación para la Confianza de actuar fuera del debido proceso.
La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó el sobreseimiento total y definitivo de Felipe Berríos. Con esta decisión, se cerró la única causa penal que permanecía abierta en su contra. La resolución dejó sin efecto el pronunciamiento del 34° Juzgado del Crimen de Santiago. En julio, este había dado por acreditado un hecho de connotación sexual ocurrido en 2000. Sin embargo, no hubo consecuencias penales debido a la prescripción.
El tribunal de alzada sostuvo que “la participación del inculpado solo puede ser establecida mediante sentencia dictada en un procedimiento penal legalmente tramitado”. Afirmaron que aquello no ocurrió en este caso. El dictamen enfatizó además que la prescripción “impide jurídicamente determinar la efectividad de los hechos materia de la investigación y, especialmente, la culpabilidad del investigado”.
Tras conocerse la sentencia, Felipe Berríos expresó satisfacción por el fallo. Criticó duramente al magistrado que dictó la resolución previa. “El juez de primera instancia fue más allá de sus atribuciones e infringió el debido proceso”, aseguró. Citó el pronunciamiento que calificó de improcedentes las conclusiones del juzgado.
El exjesuita también apuntó a la Fundación para la Confianza (FPC). Señaló que las imputaciones surgieron “en el marco de una investigación canónica iniciada por una falsa denuncia”. Cuestionó que la fundación “prefirió ventilar este caso en el Vaticano y no en los tribunales de justicia”, lo que —a su juicio— afectó la transparencia del proceso.
Berríos afirmó que buscó desde el inicio que los tribunales chilenos establecieran un marco claro y público para revisar las acusaciones. En su declaración señaló: “El procedimiento canónico no garantiza debido proceso ni justicia, porque al amparo del secreto impide conocer la acusación y la prueba utilizada”.
Asimismo, lamentó la falta de colaboración tanto de la Fundación para la Confianza como de la Compañía de Jesús en la investigación judicial. Indicó que “fue necesario llegar a la incautación del informe canónico para que el Poder Judicial pudiera revisar los antecedentes”.
El sacerdote reiteró su postura sobre la causa: “Reitero mi absoluta inocencia en los hechos que falsamente se me imputaron”. Aseguró que continuará dedicado a labores sociales “con humildad y al servicio de quienes lo necesiten”.
