Un informe de la Contraloría General de la República evidenció controles vulnerados en cárceles, armas, drogas y fronteras, con riesgos directos para la seguridad pública.
La Contraloría General de la República (CGR) encendió una alerta mayor sobre el funcionamiento de áreas estratégicas del Estado vinculadas a la seguridad pública. Esto ocurrió tras detectar falencias graves y reiteradas en cárceles, control de armas, drogas y procedimientos policiales.
El Consolidado de Resultados de Auditoría (CRA) N°1 de 2025, elaborado por la División de Fiscalización, reúne hallazgos provenientes de 62 informes de auditoría. Estos se realizaron entre enero de 2023 y julio de 2025, varios de ellos clasificados como reservados por su contenido sensible. El diagnóstico es transversal y apunta a riesgos sistémicos que afectan la capacidad del Estado para enfrentar el crimen organizado.
En el ámbito penitenciario, la CGR constató que solo 10 de los 79 recintos cerrados del país cuentan con sistemas de inhibición de señal celular, lo que equivale a un 12,7%. Además, el organismo detectó fallas de activación, períodos sin bloqueo efectivo y la posibilidad de conexión vía WiFi. Esto debilita el control interno. A ello se suma la ausencia de planificación de allanamientos: durante 2024, 70 cárceles no programaron procedimientos ordinarios.
El informe también evidenció ingresos irregulares a recintos penitenciarios. Según la auditoría, 1.279 internos recibieron visitas pese a tener prohibición. Mientras tanto, 1.539 personas accedieron a cárceles estando vetadas, incluyendo 479 individuos registrados como abogados privados sin acreditación profesional.
Las deficiencias se extienden al control fronterizo y policial. Funcionarios del Ejército y Carabineros operaban sin exámenes médicos exigidos, sin certificaciones de combate y con capacidades limitadas para labores de soberanía. Además, no se realizaron patrullajes ni visitas a hitos fronterizos establecidos por norma. El Estado carece de un registro centralizado de ingresos irregulares al país.
En materia de orden público, la CGR detectó vehículos policiales con cámaras inoperativas. También halló funcionarios asignados a tareas sensibles sin evaluación psicológica vigente y carencias de certificación para el uso de armamento menos letal. Además, alertó que 144 personas con órdenes judiciales activas fueron fiscalizadas sin ser detenidas. Se encontró que 626 vehículos con encargo por robo no fueron recuperados.
El control de armas y municiones presenta un escenario igualmente crítico. En instituciones como la PDI, Gendarmería y la Armada de Chile, la Contraloría verificó ausencia de trazabilidad, registros incompletos y falta de respaldo administrativo. En la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), el informe identificó personas con condenas vigentes que mantenían armas inscritas. Además, había adquisición irregular de municiones y armas asociadas a personas fallecidas.
Uno de los capítulos más sensibles corresponde a la incautación y destrucción de drogas. La CGR detectó retrasos de hasta 288 días en la entrega de actas y cadenas de custodia, diferencias de peso de hasta 32 kilos entre registros policiales y sanitarios, y ausencia de parámetros estandarizados para validar dichas variaciones. También constató retrasos de hasta 189 días en la destrucción de sustancias, pese a que la ley fija un máximo de 15 días.
El informe agrega observaciones en hospitales y farmacias, donde se hallaron medicamentos controlados vencidos, deficiencias de seguridad, falta de químicos farmacéuticos y más de 33 mil documentos pendientes de revisión en el Instituto de Salud Pública (ISP).
A partir de estos antecedentes, la Contraloría General de la República instruyó 3 procedimientos disciplinarios directos y, además, inició 35 procesos sumariales. Remitió 9 informes al Ministerio Público, algunos también al Consejo de Defensa del Estado y a la Fiscalía de Aviación. El organismo advierte que las falencias detectadas no son hechos aislados, sino patrones reiterados que comprometen la seguridad pública y la integridad institucional.
