Iván Palomo G., director del Centro de Longevidad VITALIS, Universidad de Talca y del Centro Interuniversitario de Envejecimiento Saludable (CIES-CUECH).
Chile envejece aceleradamente. Hoy, más del 20% de la población es persona mayor (60 años o más), y de acuerdo con el Censo 2024 esta proporción seguirá creciendo de manera sostenida durante las próximas décadas. En la Región del Maule este fenómeno es aún más evidente: más de una de cada cinco personas es mayor de 60 años, ubicando a la región entre las más envejecidas del país. Este cambio demográfico no es solo una cuestión estadística; redefine la economía regional, el mercado laboral y las condiciones materiales para una vejez digna.
En las personas mayores, el bienestar económico es un determinante central de la calidad de vida. Pensiones insuficientes, empleo inestable y altos gastos en salud conforman una combinación que empuja a muchas personas mayores a vivir con incertidumbre permanente, incluso tras extensas trayectorias laborales formales.
En este escenario, Chile ha avanzado con reformas recientes en materia previsional. La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) ha valorado positivamente el aumento de la tasa de cotización obligatoria y los componentes redistributivos incorporados, como el fortalecimiento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) y el bono compensatorio para mujeres. Estas medidas permitirían, según estimaciones oficiales, pensiones futuras entre un 3,2% y un 5,2% más altas respecto de un escenario sin reforma.
Sin embargo, el impacto real de estas mejoras todavía resulta insuficiente para una parte significativa de la población mayor actual, especialmente en regiones como el Maule, donde los ingresos laborales históricamente han sido más bajos y la informalidad mayor. No es casual que hoy más de un millón de personas mayores en Chile continúe trabajando para complementar sus ingresos y simplemente “pasar el mes”.
El problema no es que las personas mayores trabajen, sino en qué condiciones lo hacen. Más de la mitad de las personas mayores ocupadas se desempeña en empleos informales: alrededor del 53% en el grupo de 60 a 64 años y hasta un 63% en quienes tienen 70 años o más. En regiones con alta ruralidad y empleo estacional, como es el Maule, esta realidad se intensifica, perpetuando la precariedad económica en edades avanzadas.
El desafío, entonces, no se resuelve únicamente con ajustes previsionales. Se requieren políticas integrales de economía y empleo senior, articuladas entre el Estado, el sector privado y los territorios. Al menos cinco líneas de acción debieran estar hoy en el centro del debate político:
a) Incentivar el empleo formal de personas mayores, mediante subsidios o créditos a empresas que contraten trabajadores senior, junto con programas efectivos de re-capacitación laboral para quienes desean o necesitan seguir activos.
b) Combatir el edadismo laboral. Valorar el talento senior no es solo justicia social: es productividad, transferencia de experiencia y fortalecimiento del tejido económico regional.
c) Consolidar las reformas previsionales ya aprobadas y avanzar hacia una pensión mínima realista, capaz de cubrir efectivamente las necesidades básicas, sosteniendo el aumento de las cotizaciones patronales hacia 2034 con una mirada de largo plazo.
d) Facilitar el reingreso laboral en mejores condiciones para las personas mayores, promoviendo flexibilidad horaria, adaptación de puestos de trabajo y eliminación de sesgos por edad en los procesos de contratación.
e) Promover el concepto de “empleo digno senior”, incorporando mentorías intergeneracionales, transmisión de saberes y entornos laborales inclusivos.
Este no es un tema secundario. En regiones envejecidas como el Maule, es un asunto estructural del desarrollo presente y futuro. La clase política debe avanzar en propuestas claras y verificables en pensiones, empleo senior y economía del envejecimiento, con especial atención a los territorios.
Las personas mayores ya no son un grupo marginal en Chile. Son un actor social, económico y político decisivo. Avanzar hacia una vejez digna exige decisiones ahora. El envejecimiento no espera, y la política tampoco debiera hacerlo.
