Iván Palomo G., director del Centro de Longevidad VITALIS, Universidad de Talca y del Centro Interuniversitario de Envejecimiento Saludable (CIES-CUECH); Coordinador de la Red Interuniversitaria de Envejecimiento Saludable de Latinoamérica y Caribe (RIES-LAC / COMLAT-IAGG).
Chile enfrenta un proceso de envejecimiento poblacional acelerado y profundo. Según el Censo 2024, más del 20% de la población del país son personas mayores (60 años o más), y esta proporción continuará aumentando sostenidamente en las próximas décadas. En la Región del Maule, el fenómeno es aún más marcado: la región se encuentra entre las más envejecidas de Chile, con comunas donde el índice de envejecimiento supera ampliamente el promedio nacional. Este cambio demográfico no es solo una tendencia, es una realidad que está redefiniendo la vida familiar, social y comunitaria del territorio.
En este contexto, las familias y las redes de apoyo se vuelven un pilar central para una vejez digna. Sin embargo, estas redes son hoy más frágiles. La estructura familiar ha cambiado: las familias son más pequeñas, viven más dispersas y asumen una carga de cuidados cada vez mayor. A esto se suma un dato especialmente relevante: el 54% de las mujeres mayores en Chile vive sin pareja, frente a un 26% de los hombres. Muchas mujeres enfrentan la vejez solas, dependiendo principalmente de hijos, vecinos o apoyos informales, cuando estos existen.
La evidencia científica es contundente. Las personas mayores con redes de apoyo sólidas (familiares, comunitarias y vecinales), presentan mejores indicadores de salud física y mental, menor riesgo de depresión, menos hospitalizaciones y mayor autonomía. Por el contrario, la soledad no deseada y el aislamiento social se asocian a fragilidad, deterioro funcional y peor calidad de vida. La falta de redes no es solo un problema social, es un problema de salud pública.
En regiones como el Maule, con alta ruralidad y dispersión territorial, estos riesgos se intensifican. Muchas personas mayores viven solas, con dificultades de acceso a servicios y con redes familiares debilitadas por la migración de las generaciones más jóvenes.
La realidad antes descrita exige respuestas que vayan más allá de la buena voluntad individual. Aquí, el rol de las municipalidades es estratégico. Los gobiernos locales están más cerca de las personas y conocen mejor sus realidades. Es indispensable que fortalezcan y amplíen clubes de personas mayores, programas comunitarios permanentes, actividades intergeneracionales, centros diurnos comunales y redes vecinales de apoyo. Estas acciones requieren planificación, presupuesto y equipos técnicos estables; no pueden depender solo de proyectos ocasionales.
Al mismo tiempo, el Congreso y el nivel central del Estado deben asumir su responsabilidad. Chile necesita avanzar con mayor decisión hacia una política nacional de cuidados, con enfoque territorial y enfoque de envejecimiento, que reconozca y apoye a las familias cuidadoras. Esto implica legislar para proteger a quienes cuidan, promover servicios de apoyo domiciliario, teleasistencia y respiro familiar, y asegurar financiamiento sostenible para centros diurnos y programas comunitarios.
El desafío es también cultural. Cuidar a las personas mayores no es un gasto, es una inversión en cohesión social, dignidad y humanidad compartida. Una sociedad que acompaña a sus mayores construye comunidades más seguras, solidarias y resilientes.
Chile está envejeciendo hoy, no mañana. El Maule lo vive con especial intensidad. Las decisiones que tomen ahora las municipalidades y el Congreso marcarán la forma en que envejecen y envejecerán cientos de miles de personas. Una vejez digna no se declara, se construye con políticas públicas, recursos y compromiso político real.
