Antonieta Muñoz Quilaqueo. Profesora en Educación Técnico-Profesional – Universidad Austral de Chile. Candidata a Magíster en Política y Gestión Educacional – Universidad de Talca.
En la Educación Media Técnico Profesional (EMTP), la práctica profesional es mucho más que un requisito para la titulación: constituye el momento más frágil y decisivo de toda la trayectoria formativa. Es en esta etapa donde los estudiantes ingresan al mundo del trabajo y donde se define si el proceso educativo logra cerrarse con dignidad o si, por el contrario, se interrumpe silenciosamente, afectando no solo al joven en formación, sino también a su entorno familiar y a sus expectativas de movilidad social.
Cada año, miles de estudiantes inician sus prácticas con expectativas legítimas de aprendizaje, reconocimiento y proyección laboral. Sin embargo, para un número significativo de ellos, esta etapa se transforma en una experiencia de precariedad, desprotección y desgaste que termina truncando su trayectoria educativa. El resultado es conocido, pero poco problematizado: jóvenes que egresan de la enseñanza media sin lograr titularse, quedando únicamente con su licencia de enseñanza media y sin el reconocimiento técnico que la EMTP promete como vía de inserción laboral calificada.
Uno de los nudos críticos de esta situación es la responsabilidad del sector productivo.
Los centros de práctica no realizan un favor ni otorgan una oportunidad altruista; forman parte activa de un proceso formativo que exige compromiso, acompañamiento y condiciones mínimas de dignidad. Cuando el estudiante es tratado como mano de obra gratuita, sin apoyo económico, sin tutoría efectiva y sin reconocimiento de su condición de aprendiz, la práctica deja de cumplir su función pedagógica y se convierte en una forma de precarización encubierta.
Trabajar sin remuneración, asumir costos de transporte y alimentación, y enfrentar jornadas extensas no es sostenible para estudiantes que provienen mayoritariamente de contextos vulnerables. La práctica sin apoyo económico expulsa. Obliga a elegir entre subsistir o titularse, reproduciendo desigualdades que la educación debería precisamente contribuir a disminuir.
Esta responsabilidad no recae exclusivamente en el mundo productivo. Las instituciones educativas y los docentes de la EMTP cumplen un rol irrenunciable en esta etapa. Acompañar la práctica implica buscar y validar centros que respeten a los estudiantes, realizar seguimiento real de sus condiciones, mediar ante conflictos y protegerlos frente a situaciones de abuso o incumplimiento.
Cuando ello no ocurre, la práctica se transforma en abandono institucional. Repensar esta etapa es urgente, porque cuando una práctica se rompe no solo se pierde un título, sino una oportunidad de futuro que, como sociedad, no podemos seguir ignorando.
