La Corte de Apelaciones de Talca deberá pronunciarse sobre una nueva solicitud para suspender las obras del Casino Dreams, ante denuncias de excavaciones profundas y posible daño al humedal urbano Cajón del Río Claro.
El tribunal de alzada de Talca volvió a quedar en el centro del debate ambiental regional, luego de que se ingresara una nueva solicitud de Orden de No Innovar para detener las obras del proyecto Parque Ferial del Maule – Casino Dreams Talca. La acción se sustenta en antecedentes nuevos y sobrevinientes que, según los recurrentes, evidenciarían riesgos graves e inmediatos para un humedal urbano protegido.
La presentación judicial sostiene que las obras ejecutadas por Sociedad de Ríos Claros S.A., titular del proyecto Casino Dreams Talca, no se condicen con la información entregada previamente al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). En específico, se acompañó un acta notarial, solicitada por la propia empresa, que da cuenta de excavaciones cercanas a los tres metros de profundidad, superando ampliamente lo informado para descartar el ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
De acuerdo con el escrito, esta diferencia no constituye un detalle técnico menor. Por el contrario, se trata del punto crítico del riesgo ambiental, ya que las excavaciones se desarrollarían a escasa distancia del nivel freático, lo que podría afectar directamente al Humedal Urbano Cajón del Río Claro y Estero Piduco, ecosistema alimentado por aguas subterráneas.
La solicitud advierte que, de continuar las faenas, el daño podría resultar irreversible, dejando sin efecto práctico cualquier resolución futura. “Si las obras avanzan, la sentencia definitiva podría llegar cuando el daño ambiental ya esté consumado”, plantea el recurso, reforzando la necesidad de una medida cautelar inmediata.
Este escenario adquiere mayor relevancia considerando que el mismo tribunal ya se pronunció sobre la protección de este humedal. En un fallo anterior, la Corte reconoció su valor jurídico y ambiental, ordenando a la Municipalidad de Talca dictar una ordenanza de protección y ejercer activamente sus facultades de fiscalización, fijando un estándar claro frente a intervenciones en zonas sensibles.
Ahora, la Corte deberá resolver si los nuevos antecedentes ameritan suspender las obras mientras se analiza el fondo del recurso. La decisión podría marcar un precedente relevante en materia de cautela ambiental, especialmente en casos donde se cuestiona la coherencia entre lo declarado ante la autoridad y lo ejecutado en terreno.
