Un informe de la Dirección de Presupuestos evidenció que, pese a más de 29 mil funcionarios involucrados en mal uso de licencias médicas, solo 262 han sido destituidos, mientras la mayoría de los sumarios sigue en trámite.
Con información del medio asociado: BBCl.
Un nuevo balance de la Dirección de Presupuestos volvió a encender las alertas por el mal uso de licencias médicas en el sector público. El reporte —séptimo consolidado de procedimientos disciplinarios— se elaboró en cumplimiento de la Ley de Presupuestos 2026 y exhibe una marcada distancia entre la magnitud de los casos detectados y las sanciones efectivamente aplicadas.
Según el informe, con antecedentes de la Contraloría General de la República, hasta el 31 de diciembre de 2025 se identificaron 40.629 licencias médicas presuntamente incumplidas, que involucran a 29.270 funcionarios públicos del Gobierno Central.
Del total, 23.745 funcionarios continúan en servicio, mientras 5.525 ya no forman parte de la administración pública. Aun así, 2.947 de estos últimos siguen sometidos a sumarios administrativos, pese a no ejercer actualmente funciones en el Estado.
En términos procesales, existen 26.692 funcionarios cuyos casos requieren investigación. De ellos, 25.352 sumarios ya fueron instruidos, aunque la mayoría permanece abierta: 21.098 siguen en curso y solo 4.254 cuentan con resolución del jefe superior del servicio.
La brecha se vuelve más evidente en los procesos concluidos. De los 1.543 casos cerrados con resolución ejecutoriada, apenas 262 funcionarios resultaron destituidos, cifra que representa cerca del 1% del total de involucrados. El resto se distribuye en sanciones menores o sin castigo: 577 absueltos o sobreseídos, 584 con censura, 65 suspendidos y 55 multados.
Además, 2.711 funcionarios mantienen procesos con resolución pendiente de ejecución, debido a impugnaciones u otras etapas administrativas. A ello se suma que 1.009 personas renunciaron antes de que se iniciara un procedimiento disciplinario, reduciendo el universo de sanciones posibles.
El informe también cuantifica el impacto financiero: las licencias cuestionadas promedian 22,1 días y, considerando remuneraciones brutas promedio de $1,9 millones, los funcionarios investigados recibieron $36.876 millones durante los períodos de ausencia.
Respecto del origen de los casos, 4.061 funcionarios ingresaron al Estado desde marzo de 2022, mientras 23.667 corresponden a administraciones anteriores. Las principales causales detectadas incluyen salidas del país (33%), ausencias en servicios regionales (35%) y asistencia a casinos de juego (21%).
