El Tribunal Oral de Rancagua condenó a presidio perpetuo simple a Francisco Ramírez por el femicidio de Camila Ugalde, ocurrido en 2021 tras un historial de violencia.
El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua impuso la pena de presidio perpetuo simple a Francisco Javier Ramírez Flores, tras establecer su responsabilidad en el femicidio de Camila Ugalde Gómez, joven oriunda de Romeral, cuyo asesinato conmocionó a las regiones de O’Higgins y el Maule.
Los hechos se remontan a diciembre de 2021, cuando Camila, de 18 años, desapareció en la comuna de San Vicente de Tagua Tagua. Durante casi dos años, su familia encabezó una intensa búsqueda que mantuvo el caso vigente en la opinión pública. Recién en agosto de 2023, las diligencias permitieron hallar sus restos enterrados en una pesebrera, ocultos bajo desechos de caballo, cerca del domicilio que compartía con el agresor.
La jueza Paulina Bossy sostuvo que el tribunal acreditó una relación de convivencia previa y un historial de violencia intrafamiliar, antecedentes que resultaron determinantes para configurar el delito. En su resolución, el tribunal absolvió al imputado del cargo de inhumación ilegal, al considerar que dicha conducta quedó comprendida dentro del ilícito principal.
Desde la fiscalía, la jefa de San Vicente, Lorena Morales, destacó el alcance del fallo, subrayando que por primera vez en la región se aplicó una agravante por maltrato psicológico y físico reiterado, incorporada recientemente al Código Penal. La persecutora describió al condenado como “sumamente controlador y violento”, con un patrón sostenido de agresiones hacia la víctima.
Pese a la condena, el padre de la joven, Víctor Ugalde, manifestó su desazón por la sentencia. “Fue muy poco lo que le dieron”, expresó, señalando que la familia esperaba el presidio perpetuo calificado. Además, relató las dificultades enfrentadas durante la búsqueda y aseguró que él mismo orientó a la PDI sobre el lugar donde finalmente se encontró el cuerpo.
La pena impuesta obliga a Ramírez Flores a cumplir al menos 20 años de cárcel efectiva antes de optar a cualquier beneficio penitenciario. El caso se consolida como uno de los fallos más relevantes en materia de violencia de género, reforzando el debate sobre la protección de mujeres jóvenes y la respuesta del sistema judicial frente a estos delitos.
