El Gobierno talibán aprobó el primer cuerpo legal escrito desde su retorno al poder en 2021. El documento valida la violencia contra la mujer y establece jerarquías sociales para determinar sanciones.
El régimen talibán de Afganistán oficializó un nuevo y controvertido Código Penal que marca un hito en la restricción de libertades fundamentales en el país. El texto legal, emitido por el Ministerio de Justicia talibán, permite explícitamente golpear a mujeres y niños siempre que no se produzcan moretones, fracturas o cortes visibles. Esta normativa otorga una protección jurídica superior a los animales: mientras el maltrato físico a una cónyuge conlleva solo 15 días de prisión si hay lesiones graves, organizar peleas de animales puede resultar en una condena de hasta cinco meses.
La nueva legislación también impone una rígida estructura de castas que divide a la sociedad afgana en cuatro categorías: clérigos, élite, clase media y clase baja. Bajo este sistema, la justicia deja de ser igualitaria; la posición social del acusado determinará la severidad del castigo por un mismo delito. Los miembros de las dos categorías superiores podrían recibir apenas una advertencia judicial, mientras que los ciudadanos de la clase baja enfrentan directamente amenazas y golpes por las mismas infracciones.
Respecto a la aplicación de castigos físicos, el documento detalla protocolos específicos. Por ejemplo, en caso de imponerse latigazos, el máximo permitido es de 39 golpes, los cuales no deben concentrarse en una sola zona del cuerpo ni impactar en la cabeza o áreas sensibles. Además, el texto reintroduce formalmente la distinción legal entre “personas libres” y “esclavos”, un término que aparece con frecuencia a lo largo de los artículos.
El Ministerio de Justicia advirtió que cualquier oposición a este nuevo marco legal se considerará un rechazo a la Sharía o ley islámica. “Cualquier oposición a estas leyes se interpretará como un rechazo a la Sharía y por lo tanto, un delito religioso”, señala el comunicado oficial emitido por las autoridades del régimen. Esta medida consolida el control absoluto del talibán sobre el sistema judicial, cerrando cualquier espacio para la defensa de los derechos humanos universales en el territorio afgano.
