A tres semanas del extravío de Delfín Ávila Farías, la comunidad de Itahue critica la tardía activación de protocolos de seguridad mientras la PDI y Bomberos rastrean las aguas del Río Claro.
La incertidumbre y la indignación se apoderan del sector de Itahue, en la comuna de Molina, tras cumplirse más de 20 días de la desaparición de Delfín Ávila Farías, un adulto mayor de 69 años. El rastro del vecino, quien padece esquizofrenia, se perdió el pasado sábado 24 de enero, gatillando una búsqueda ciudadana que hoy suma el apoyo técnico de unidades especializadas.
Actualmente, el grupo GERSA de Bomberos realiza complejas labores de rastreo subacuático en el Río Claro, mientras detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) ejecutan diligencias en tierra para reconstruir los últimos movimientos del desaparecido. Pese al despliegue actual, la familia y los dirigentes vecinales denuncian una respuesta tardía por parte del sistema judicial, asegurando que la búsqueda formal se ordenó con un retraso crítico.
Pablo Ortega Espina, presidente de la Junta de Vecinos de Itahue, apuntó sus críticas directamente hacia la gestión de la Fiscalía de Molina. Según el dirigente, el organismo persecutor habría vulnerado la Ley 21.500, que exige la activación inmediata de protocolos en casos de presunta desgracia. Ortega sostiene que la orden de búsqueda se emitió recién nueve días después de interpuesta la denuncia ante Carabineros.
“Aquí netamente yo acuso la negligencia de la fiscal. No ejecutó como se debía a tiempo. No se hace el cumplimiento de la ley 21.500 donde se deberían activar los protocolos en 24 horas”, sentenció el dirigente vecinal.
La vulnerabilidad de Delfín Ávila, debido a su condición de salud mental, mantiene en alerta máxima a sus cercanos, quienes han intensificado los rastreos por cuenta propia a la espera de un avance significativo en la investigación oficial dirigida por el Ministerio Público.
