La normativa vial chilena establece estrictas sanciones económicas para quienes ignoren una medida de seguridad elemental, cuya fiscalización se intensifica en las rutas de todo el país.
El incumplimiento de esta norma específica se categoriza como una infracción grave. Al ser detectados por la autoridad, los infractores arriesgan sanciones que varían entre 1 y 1,5 Unidades Tributarias Mensuales (UTM). Tomando como referencia el valor de la UTM de febrero de 2026, los montos oscilan entre los $69.611 y los $104.416. Esta medida busca reducir la siniestralidad vial, recordando que el elemento de seguridad debe ser utilizado por todos los pasajeros, salvo en vehículos fabricados antes del año 2002.
La infracción en cuestión es la conducción sin el cinturón de seguridad. La Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset) enfatiza que su uso es obligatorio y transversal. De igual manera, la normativa es tajante respecto a los menores de doce años: tienen prohibido viajar en el asiento delantero. Quienes falten a esta última regla enfrentan castigos económicos aún más severos, que pueden alcanzar los $208.833, equivalentes a 3 UTM.
La fiscalización de estos elementos de protección constituye una prioridad para las autoridades de tránsito, dado que su uso correcto reduce drásticamente las probabilidades de muerte en caso de colisión. El llamado de los expertos es a la prevención, priorizando la seguridad por sobre la comodidad momentánea, evitando así sanciones que afecten significativamente el presupuesto familiar.
