Alejandro Cárcamo Righetti, Licenciado en Ciencias Jurídicas, Abogado, Magíster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, Doctor en Derecho.
Tres son los ejes principales de la propuesta programática con la cual el Presidente de la República recientemente electo, José Antonio Kast, asumirá el cargo el próximo 11 de marzo: seguridad y orden público, crecimiento económico y empleo, Estado eficiente y reducción del gasto público.
Dichos pilares, a su vez, constituyen gigantescos desafíos y, por ende, envuelven un sinnúmero de riesgos que amenazarán desde el primer día el éxito y la estabilidad del gobierno entrante. Nuestro cambiante cuerpo electoral, como ha quedado demostrado en los últimos procesos eleccionarios y plebiscitarios, exigirá resultados positivos en un corto espacio de tiempo, los que, de no ser alcanzados, ensombrecerán hasta sepultar a la nueva administración. En efecto, una abrumada y ansiosa ciudadanía espera soluciones rápidas y eficaces a diversas problemáticas sociales como la delincuencia, la migración, el crecimiento económico y la creación de empleos.
En materia de seguridad y orden público los principales desafíos se centran en el aumento del crimen organizado, el alza de los delitos violentos, la corrupción en el aparato público, la gestión migratoria y la percepción general de inseguridad en la población. En el ámbito económico y del empleo los retos estructurales dicen relación con un crecimiento económico estancado, una baja inversión, la denominada “permisología” y la alta informalidad laboral con desempleo al alza. Finalmente, en materia de reducción del gasto público los problemas se centran en el alto déficit estructural, la presión permanente por aumentar el gasto social y la necesidad de ajustar el gasto sin dañar la inversión.
Todo lo anterior, se condimentará en términos factuales, con una oposición política que será implacable, amenazando desde ya -incluso con anterioridad a la asunción del nuevo gobierno-, con tomarse las calles a través de manifestaciones y protestas, así como con un Congreso Nacional en el cual el Poder Ejecutivo no contará con las mayorías necesarias para impulsar sus iniciativas legales.
En definitiva, el gobierno entrante deberá balancear, cual experto equilibrista, las crecientes expectativas ciudadanas con los resultados reales de su gestión; deberá realizar los ajustes indispensables en todo orden de materias sin despertar el malestar ciudadano; tendrá que buscar alianzas políticas con sectores que hasta hace poco eran antagónicos; deberá lidiar con la integración de un Congreso Nacional que no le será favorable; tendrá que reducir y limitar el gasto público sin mermar considerablemente los programas sociales; en suma, deberá demostrar el logro responsable de objetivos de interés público mejorando las condiciones y la calidad de vida de los ciudadanos.
No obstante, los cambios y mejoras impacientemente esperados solo serán alcanzados en la medida que como sociedad comprendamos de una buena vez, que el trabajo, la responsabilidad, el esfuerzo, el respeto, la perseverancia, la justicia y la honestidad son los motores que impulsan la convivencia pacífica, el desarrollo económico y social, el progreso sostenible y la cohesión social. Estos valores son los que permiten una interacción armónica y la cooperación necesaria para el bienestar común. En ello, el Estado constituye un actor relevante, pero no monopólico.
