Paula Villalobos Molina, abogada especializada en Infancia y Familia y ex Jueza de Familia de Linares; litigante, consultora y docente.
En tribunales de familia hay una escena que se repite con una frecuencia que duele: dos adultos convencidos de estar “defendiendo a sus hijos”, mientras esos mismos niños quedan atrapados en un conflicto sin fin.
Lo digo desde un lugar concreto: fui jueza de familia, hoy litigo y enseño. Después de ver cientos de causas, aprendí algo incómodo pero esencial: no es la separación, por sí sola, la que más daña a los niños; es el conflicto sostenido entre los adultos. Cuando la ruptura se transforma en guerra, el niño pasa a ser “prueba”, “mensajero”, “rehén” o “argumento”.
Como ha advertido el psiquiatra Gabor Maté, no es el divorcio en sí mismo lo que suele resultar más devastador para un niño, sino la tensión emocional crónica que lo rodea antes, durante y después de la ruptura. Esa observación coincide con lo que muchas familias viven y con lo que el sistema judicial ve con demasiada frecuencia.
La evidencia internacional ha mostrado de manera consistente que el mayor riesgo de consecuencias negativas en salud mental se concentra en niños expuestos a alto conflicto entre sus padres tras una separación.
La neurociencia lo explica sin romanticismo: cuando el hogar —o el vínculo entre los adultos— se vuelve impredecible, el cuerpo infantil puede quedar funcionando en modo alerta, con estrés persistente que afecta su regulación emocional, su aprendizaje y su salud mental a largo plazo.
Chile no está mirando este tema desde lejos. En 2023 se registraron 38.093 divorcios y 64.285 matrimonios: dicho de otro modo, el número de divorcios equivale aproximadamente al 59,3% de los matrimonios celebrados ese año, cerca de 6 divorcios por cada 10 matrimonios. Y esa cifra ni siquiera refleja la conflictividad de muchas rupturas de parejas no casadas.
Y la instrumentalización de los hijos suele comenzar con frases pequeñas, socialmente aceptadas: “Dile a tu papá/mamá…” ,“¿Qué hicieron allá?”, “Cuéntame todo.” Parece una conversación cotidiana. Pero, para muchos niños, puede convertirse en una prueba de lealtad. Y termina con niños que sienten que amar a ambos es traicionar a alguien.
Un niño no debiera ser jamás el canal del conflicto. Ni testigo, ni mensajero, ni consuelo, ni trofeo. Lo mínimo exigible en una separación es esto: que los adultos se regulen, se ordeneny se organicen para que la infancia no pague el precio, con acuerdos claros e informados, sentencias que se cumplan y comunicación respetuosa.
No todo conflicto parental es equivalente, y decirlo es una obligación ética. Hay madres, padres y cuidadores que no están “peleando por ganar”, sino intentando protegerse y proteger a sus hijos frente a violencia intrafamiliar, maltrato o vulneraciones de derechos. En esos casos, pedir medidas, denunciar o acudir a tribunales no es instrumentalizar a un niño: es ejercer protección.
El problema es que, para muchas familias, el sistema de justicia se vive como un recorrido difícil de entender, emocionalmente desgastante y lleno de lenguaje técnico, justamente cuando más claridad necesitan. Y cuando el sistema no logra explicar, escuchar a tiempo o coordinar respuestas, el riesgo es que la experiencia judicial también se vuelva una nueva fuente de desgaste y revictimización.
Por eso, además de exigir responsabilidad adulta, también debemos exigir una institucionalidadque entregue mayor claridad, oportunidad y contención a las familias, y que disminuya el riesgo de nuevas experiencias de desgaste y afectación para niños, niñas, adolescentes y sus cuidadores.
Sin duda alguna, detrás de cada causa hay una historia que casi nunca cabe completa en un escrito o en un expediente judicial. Si de verdad queremos poner a la infancia al centro, tenemos que ser capaces de distinguir entre conflicto y protección, entre disputa y violencia, entre estrategia y cuidado. Porque un niño no puede seguir pagando, con su salud mental y su desarrollo, el costo de esa confusión.
