El Juzgado de Garantía de Curicó formalizó a dos funcionarios del DAEM de Sagrada Familia por presunta falsificación de documentos públicos y uso indebido de timbres del Estado, decretando arraigo nacional mientras se desarrolla la investigación.
El Juzgado de Garantía de Curicó formalizó la investigación en contra de Carlos Palacios Maldonado, ex seremi y abogado, y de María Cristina Puga, contadora y ex candidata al Consejo Regional (CORE), por su presunta participación en los delitos de uso indebido de timbres del Estado y falsificación o uso malicioso de documentos públicos.
Tras analizar los antecedentes presentados por el Ministerio Público, la magistrada Estefanía Hunrichse decretó la medida cautelar de arraigo nacional para ambos imputados mientras avance el proceso judicial. Además, el tribunal fijó un plazo de dos meses para el desarrollo de las diligencias investigativas.
Durante la audiencia, la Fiscalía expuso que los hechos habrían ocurrido mientras ambos se desempeñaban como funcionarios del Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM) de Sagrada Familia. Según los antecedentes, los imputados habrían intervenido instrumentos públicos al sospechar una posible desvinculación laboral.
De acuerdo con el acta de formalización, ambos se habrían concertado con el objetivo de extender de forma maliciosa sus contratos de trabajo, alterando documentos oficiales para impedir que se concretara su salida del municipio en las fechas originalmente establecidas.
El Ministerio Público también sostuvo que, entre 2022 y 2023, Carlos Palacios habría utilizado su rol como abogado del DAEM para alterar copias de decretos alcaldicios y anexos de contratos. Para dar apariencia de legalidad a dichos instrumentos, los imputados habrían utilizado timbres municipales pertenecientes a distintas autoridades.
La investigación además apunta a que los documentos incluían firmas presuntamente falsificadas, reproducidas manualmente para simular la participación de autoridades que no intervinieron en la emisión de los actos administrativos.
En esta causa también participa como querellante el Consejo de Defensa del Estado (CDE), organismo que representa los intereses del Estado ante eventuales perjuicios derivados de la comisión de este tipo de ilícitos.
Con la formalización ya realizada, la Fiscalía continuará reuniendo antecedentes para determinar la responsabilidad penal de los imputados en los hechos investigados.
