La administración del Presidente José Antonio Kast inició el estudio pormenorizado de casos de uniformados condenados por violaciones a los derechos humanos, generando una fuerte división en el Congreso.
El Gobierno enfrenta su primer conflicto político de alta complejidad tras confirmar que analiza la concesión de indultos particulares a funcionarios de Carabineros y las Fuerzas Armadas. Estos efectivos cumplen condenas por delitos cometidos durante las movilizaciones sociales de 2019, hechos que diversos organismos internacionales calificaron en su momento como vulneraciones a los derechos humanos. El Presidente José Antonio Kast ratificó la medida señalando que los equipos técnicos están “estudiando cada caso” con rigurosidad.
La vocera de Gobierno, Mara Sedini, aclaró que la actual administración descarta una determinación generalizada. Según la ministra, el Ejecutivo no considera esta gestión como una prioridad legislativa inmediata, aunque mantendrá el compromiso de revisar los antecedentes de los 102 uniformados que, según datos del Ministerio Público, mantienen sentencias por su actuar durante la crisis social. De este grupo, 85 pertenecen a Carabineros, 16 al Ejército y uno a la Armada, con un total de 64 condenas ya ejecutoriadas.
En el Poder Legislativo, el debate escaló rápidamente. El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, defendió la revisión de las penas argumentando una diferencia moral entre quienes cometieron desmanes y quienes ejercían funciones de orden público. En la misma línea, el diputado Sebastián Zamora y el senador Rojo Edwards respaldaron la iniciativa presidencial, vinculando la seguridad nacional con el respaldo jurídico a los funcionarios policiales.
Sin embargo, desde una perspectiva jurídica y de reparación de víctimas, la propuesta despierta críticas severas. La diputada Zandra Parisi calificó la posibilidad de indultar sin peritajes exhaustivos como “jurídicamente débil y éticamente riesgoso”, aludiendo a la gravedad de los delitos. Cabe recordar que el mandatario ya había manifestado su interés en casos específicos, como el de Patricio Maturana, condenado por las lesiones sufridas por la senadora Fabiola Campillai, lo que mantiene la discusión en el centro de la sensibilidad por los derechos fundamentales en el país.
