Un oficio reservado firmado por la ministra Trinidad Steinert solicitó antecedentes de detectives vinculados al caso “Clan Chen” y coincidió con la salida de la subdirectora Consuelo Peña de la PDI.
Con información del medio asociado: BBCL.
La reciente gestión de la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, quedó bajo escrutinio tras conocerse un oficio reservado enviado al director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, a pocas horas de asumir el cargo el pasado 13 de marzo de 2026.
El documento solicitó información detallada sobre funcionarios de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (BRIANCO) de Tarapacá, quienes participaron en la investigación del denominado “Clan Chen”. La petición incluyó antecedentes sensibles como identificación de detectives, motivos de traslados, nuevas destinaciones y eventuales procesos disciplinarios, lo que evidenció un nivel de detalle poco habitual.
Este requerimiento apuntó directamente a equipos que trabajaron en una causa que la propia Steinert lideró como fiscal regional, lo que generó cuestionamientos internos respecto de un eventual conflicto de interés o revisión extemporánea de decisiones operativas adoptadas en ese periodo.
En paralelo, y dentro de la misma semana, la ministra solicitó la salida de la subdirectora de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria de la PDI, Consuelo Peña. La petición se concretó el 20 de marzo, aunque su formalización se materializó al día siguiente a través del director general, conforme a los protocolos institucionales.
Hasta ahora, no existe una explicación pública oficial sobre los fundamentos de la decisión. Fuentes al interior de la institución señalaron que la solicitud fue directa y sin mayor justificación, lo que intensificó las interpretaciones sobre una eventual “pasada de cuenta” vinculada a decisiones adoptadas durante la investigación en Tarapacá.
El caso “Clan Chen” constituye una de las indagatorias más complejas en el norte del país, con foco en lavado de activos, estafas internacionales y redes financieras ilícitas. En ese contexto, la PDI desplegó unidades especializadas y ejecutó operativos en la Zona Franca de Iquique (Zofri), generando ajustes internos en equipos investigativos que hoy vuelven a ser objeto de revisión.
Según antecedentes recopilados, dichos cambios habrían provocado incomodidad en Steinert, especialmente por el traslado de funcionarios cercanos a su equipo de trabajo en esa época.
A esto se suma otro elemento sensible: la ministra habría intentado acceder a información de una causa que involucra a un familiar directo de la exsubdirectora Peña, en una investigación por tráfico de drogas en Valdivia. El caso se mantiene bajo reserva y en calidad de testigo, con diligencias derivadas al OS-7 de Carabineros para evitar conflictos de interés.
La legislación vigente establece límites estrictos para el acceso a investigaciones penales en curso por parte de autoridades administrativas, lo que abre nuevas interrogantes sobre el alcance de las gestiones realizadas desde el Ministerio de Seguridad Pública.
Hasta el cierre de esta edición, el equipo de la ministra no entregó declaraciones oficiales, mientras que al interior de la PDI persiste un ambiente de incertidumbre y tensión frente a decisiones que impactan directamente en su alto mando.
