Un análisis de El Polígrafo, El Mercurio, detectó que legisladores y funcionarios de confianza del presidente José Antonio Kast presentan morosidades que alcanzan los $40 millones con el fisco.
Una reciente fiscalización a la nómina pública del Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU) reveló una situación que compromete la probidad de altas esferas del poder. Según el informe 2026 publicado por El Mercurio, ocho diputados en ejercicio y seis autoridades del actual Gobierno mantienen deudas vigentes por financiamiento estatal de sus estudios superiores. Los montos de estas morosidades fluctúan entre el millón de pesos y una cifra récord cercana a los $40 millones.
Ante la controversia, el presidente José Antonio Kast adoptó una postura tajante, exigiendo a los implicados regularizar sus compromisos financieros de manera inmediata. “Que se pongan al día porque tienen que ser un ejemplo frente a la opinión pública”, sentenció el mandatario. La máxima autoridad del país no descartó la posibilidad de transparentar la totalidad de los deudores del sistema para garantizar la probidad en el servicio público.
En el Congreso, la lista la encabeza la diputada Claudia Reyes (Republicanos), con una deuda de $38 millones con la Universidad Austral de Chile. Le siguen en montos significativos Nathalie Castillo (PC), con $27,8 millones, y Héctor Ulloa (Ind), con más de $18 millones. Otros parlamentarios mencionados incluyen a José Carlos Meza (Republicanos), Carolina Tello (FA) y Emilia Nuyado (PS), evidenciando que la morosidad cruza transversalmente el arco político nacional.
El Ejecutivo también enfrenta cuestionamientos tras identificarse deudas en cargos de confianza. El caso más crítico es el del delegado provincial de Los Andes, Ricardo Figueroa, quien registra el monto más alto de la nómina con $40 millones adeudados a la Universidad de Chile. Asimismo, figuran en el listado la delegada de Antofagasta, Katherine López, y los seremis de Salud y Economía de La Araucanía, José Bravo y Carlos Zirotti, respectivamente. El Fondo Solidario es un mecanismo clave para el financiamiento del CRUCH, y su recuperación es vital para la sostenibilidad del sistema educativo estatal.
