El académico Edgardo Fuentes (UNAB) revela que borrar un archivo es solo un proceso visual, mientras la nueva Ley 21.719 amenaza con multas millonarias a las empresas que no garanticen el olvido real.
La mayoría de los usuarios de internet vive bajo una falsa sensación de control. Al presionar el botón de “eliminar” y vaciar la papelera de reciclaje, asumimos que el archivo dejó de existir. Sin embargo, Edgardo Fuentes, director de Ingeniería en Ciberseguridad de la Universidad Andrés Bello (UNAB), advierte que esto es solo una “eliminación lógica”. En términos simples: el sistema deja de mostrarte el archivo, pero la información sigue viva en servidores remotos y copias de seguridad.
Esta realidad técnica cobra hoy una relevancia vital debido a la Ley 21.719 de Protección de Datos Personales. Esta normativa, que entrará en plena vigencia en 2026, redefine nuestra información no como un simple archivo digital, sino como un derecho fundamental. Según explica el académico, “el borrado deja de ser una acción técnica y se convierte en una obligación jurídica, exigible y fiscalizable”.
El cambio es profundo para las empresas e instituciones. Con la creación de la Agencia de Protección de Datos Personales, las organizaciones que no gestionen correctamente el ciclo de vida de la información —incluyendo su eliminación definitiva— podrían enfrentar multas de hasta 20.000 UTM (más de 1.300 millones de pesos). La ley reconoce el derecho de supresión, permitiendo que cualquier ciudadano exija que sus datos sean borrados cuando ya no exista un consentimiento o base legal para tenerlos.
A nivel personal, el riesgo también está en casa. Al borrar fotos o documentos de un teléfono o computador, el contenido permanece en el disco duro hasta que otro archivo lo “sobrescriba”. Para protegerse, Fuentes recomienda hábitos básicos pero potentes: cifrar los dispositivos desde el primer día y utilizar opciones de restablecimiento de fábrica completo antes de vender o regalar un equipo. En la era digital, eliminar es apenas el inicio de un proceso que ahora, por ley, debe terminar en el olvido real.
