Parlamentarios del PS cuestionan el uso de recursos públicos en un almuerzo privado encabezado por el Presidente José Antonio Kast en La Moneda, y piden aclarar gastos y responsabilidades.
Una nueva controversia política se instaló en torno al Presidente José Antonio Kast, luego que se conociera la realización de un almuerzo con excompañeros de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile en dependencias del Palacio de La Moneda.
Según antecedentes difundidos por Bío Bío Investiga, la actividad se llevó a cabo el viernes 10 de abril e incluyó un menú compuesto por tartar de tomates, vino tinto, puré rústico y plateada al jugo, con la participación de decenas de invitados. El encuentro derivó en una denuncia ante la Contraloría General de la República, presentada por el diputado Daniel Manouchehri y la senadora Daniella Cicardini, ambos del Partido Socialista de Chile.
Los parlamentarios solicitaron al organismo fiscalizador esclarecer la naturaleza de la actividad, el uso de dependencias públicas, el personal involucrado y los costos asociados, además de determinar si existieron recursos fiscales comprometidos o eventuales reembolsos.
“El Presidente puede juntarse con quien quiera en su vida personal. Lo que no puede hacer es cargarle al Estado una celebración de excompañeros”, afirmó Manouchehri, quien además recalcó que “los recursos públicos son para servir a Chile, no para financiar camaraderías privadas”.
En la misma línea, Cicardini advirtió que, de comprobarse un uso indebido de fondos, se trataría de un hecho “gravísimo”, especialmente en un contexto donde el propio Ejecutivo ha aludido a restricciones presupuestarias. “Los recursos públicos no son para pagar nostalgias universitarias”, sostuvo.
Vocera responde
Desde el Gobierno, la vocera Mara Sedini respondió a la controversia y aseguró que el Ejecutivo colaborará con el proceso. “Vamos a responder en tiempo y forma lo que se nos requiera y utilizaremos los canales institucionales”, señaló, sin profundizar en los detalles del evento.
La Contraloría deberá ahora determinar si el encuentro se ajustó a la normativa vigente o si existió un uso impropio de recursos estatales, en un caso que vuelve a tensionar el debate sobre la utilización de espacios públicos para actividades privadas.
