Diego Palomo. Abogado. Doctor en derecho procesal y académico de la Universidad de Talca.
Hay momentos en la vida de una democracia en que el peligro no está solamente en aquello que el poder pretende hacer, sino también en aquello que la sociedad deja de mirar, de discutir y, finalmente, de cuestionar. Algo de eso parece estar ocurriendo hoy en Chile.
El Gobierno ha ingresado un conjunto de reformas constitucionales bajo el rótulo de Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo. Entre ellas se encuentra la creación de un nuevo Estado de Excepción Constitucional de Seguridad Pública, concebido para enfrentar amenazas graves e inminentes contra la seguridad pública o situaciones en que esta haya sido gravemente afectada.
No estamos, por tanto, ante una modificación menor ni ante una de tantas reformas que periódicamente se incorporan al debate legislativo. Lo que se encuentra sobre la mesa toca directamente la arquitectura constitucional del poder y, particularmente, la relación entre autoridad, libertad y seguridad.
La propuesta permitiría decretar este nuevo estado de excepción por hasta 120 días y prorrogarlo por otros 120 días sin autorización previa del Congreso. Es decir, una zona determinada del territorio podría permanecer hasta ocho meses sometida a este régimen excepcional antes de que resulte necesaria una nueva intervención parlamentaria. Y durante su vigencia podrían suspenderse o restringirse la libertad personal y de locomoción y el derecho de reunión, además de restringirse el derecho de asociación, interceptarse o registrarse comunicaciones y disponerse requisiciones de bienes.
Conviene detenernos aquí. Precisamente aquello que debiera provocar una discusión nacional de enorme profundidad parece estar produciendo, hasta ahora, algo bastante distinto: una inquietante indiferencia en la sociedad que participó del último proceso electoral. Me refiero a una sociedad que pareciera haber perdido la capacidad de detenerse frente a las grandes transformaciones institucionales que ocurren delante de sus ojos. Me refiero también – y quizás especialmente – a ese mundo intelectual, académico y universitario que tantas veces se declara preocupado por la democracia, pero que frente a las alteraciones sustantivas de sus presupuestos esenciales parece optar por un silencio que resulta, a lo menos, desconcertante.
Es cierto: el Gobierno tiene legitimidad democrática. En diciembre de 2025 José Antonio Kast fue elegido Presidente con el 58,16% de los votos válidamente emitidos (7.225.021 sufragios), en una elección con una participación extraordinariamente alta para nuestros estándares. Esa legitimidad no solo debe ser reconocida: debe ser respetada.
Pero hay una diferencia sustancial entre reconocer la legitimidad de origen de un gobierno y considerar que esa legitimidad constituye una autorización ilimitada para modificar las reglas que estructuran nuestra convivencia. La democracia no se agota en contar votos.
Una democracia constitucional supone, precisamente, que incluso las mayorías (coyunturales) tienen límites que respetar. Que existen derechos que no dependen de la conveniencia de quien gobierna. Que el poder debe estar sometido a reglas. Que las situaciones excepcionales deben ser, precisamente por su excepcionalidad, objeto de controles particularmente rigurosos.
Y aquí aparece una paradoja que debiera inquietarnos. Mientras más precaria se vuelve la vida cotidiana de una parte importante de la población, mientras más difícil resulta para muchas personas llegar a fin de mes, pagar una vivienda, enfrentar el costo de los alimentos, resolver una enfermedad o simplemente organizar el día siguiente, más difícil se vuelve esperar que ese mismo ciudadano tenga tiempo, información y herramientas para comprender las consecuencias de una modificación constitucional técnicamente compleja.
No es una descalificación del ciudadano. Es, exactamente al revés, una constatación de la responsabilidad que corresponde a quienes tienen la posibilidad de comprender aquello que para la mayoría resulta deliberadamente difícil de comprender. Porque cuando se altera el régimen de los estados de excepción constitucional, no se está simplemente otorgando una herramienta más a un gobierno para enfrentar cierto tipo de delincuencia. Se está modificando el punto de equilibrio entre el poder del Estado y las libertades de las personas.
Y eso debería importarnos a todos. Incluso a quienes votaron por este Gobierno. Especialmente a quienes votaron por este Gobierno. Porque el verdadero problema de las democracias constitucionales no consiste en preguntarse qué hará el Presidente que uno eligió con una determinada facultad. La pregunta verdaderamente democrática es otra: ¿qué ocurriría si esa misma facultad estuviera mañana en manos del Presidente que yo no elegí?
Ese es el verdadero test que algunos (muchos) no logran comprender. Y es precisamente allí donde muchas veces comienza a desaparecer la prudencia constitucional.
Porque el poder siempre parece razonable cuando se encuentra en manos de quienes pensamos que lo utilizarán correctamente. El punto de partida se da cuando comprendemos que las Constituciones no se escriben para los buenos gobernantes, sino también – y fundamentalmente – para los malos.
No se construyen pensando en la virtud de quien ejercerá el poder, sino en la posibilidad de que algún día alguien abuse de él. Por eso resulta especialmente preocupante que la discusión pública parezca estar organizada alrededor de una falsa disyuntiva: seguridad o libertad.
Nadie razonablemente podría sostener que el Estado no debe enfrentar al crimen organizado, al terrorismo o a quienes pretenden controlar territorios mediante la violencia. La seguridad es una condición indispensable para el ejercicio efectivo de los derechos. Un Estado incapaz de proteger a sus ciudadanos también fracasa democráticamente.
Pero precisamente por eso la discusión debe ser más sofisticada. La pregunta no es si queremos seguridad. La pregunta es cuánto poder estamos dispuestos a entregar para conseguirla, durante cuánto tiempo, bajo qué controles, respecto de qué personas, en qué territorios y con qué mecanismos de rendición de cuentas.
Y esa conversación no puede resolverse invocando simplemente la urgencia. Porque hay una vieja tentación del poder: convertir la emergencia en una categoría permanente.
Chile conoce esa experiencia. El actual estado de emergencia lleva años utilizándose en determinadas zonas del país y el propio orden constitucional ha debido ser modificado para permitir sucesivas prórrogas. De esa forma, lo excepcional, poco a poco, comienza a adquirir apariencia de normalidad.
Ese debería ser precisamente el momento para levantar la voz. No para negar el problema de la seguridad. No para desconocer la magnitud del crimen organizado. No para defender una concepción ingenua del Estado de Derecho. Sino para recordar algo elemental: la democracia no se defiende solamente cuando se pretende destruirla de manera abierta y brutal. También se defiende cuando, bajo la justificación de una causa legítima, se comienza a desplazar lentamente la frontera que separa el poder necesario del poder excesivo.
Y por eso inquieta todavía más el silencio. Porque esta no es una preocupación exclusiva de la izquierda, si se quiere recoger en la lógica maniquea que tanto gusta a algunos. De hecho, la propuesta ha sido cuestionada desde lugares políticos muy distintos, incluyendo voces que difícilmente podrían ser identificadas con una oposición ideológica al Gobierno. El propio debate público ha comenzado a advertir que estamos frente a una ampliación significativa de las potestades presidenciales y de las restricciones posibles a derechos fundamentales.
Entonces, ¿dónde están los académicos? ¿Dónde están los constitucionalistas? ¿Dónde están las universidades? ¿Dónde están quienes durante años escribieron, enseñaron y dictaron conferencias sobre separación de poderes, derechos fundamentales, proporcionalidad, Estado de Derecho y democracia constitucional? ¿Dónde están quienes deberían explicarle al ciudadano común, con palabras comprensibles, qué significa que el Presidente pueda disponer durante meses de facultades que afectan la libertad personal, la reunión, la asociación, las comunicaciones y los bienes? La democracia necesita políticos. Pero necesita también ciudadanos conscientes.
Y, sobre todo, necesita una comunidad intelectual que sea capaz de incomodar al poder, incluso cuando ese poder representa las ideas políticas que esa comunidad comparte.
Porque la verdadera prueba de independencia intelectual no consiste en denunciar los excesos del adversario. Consiste en denunciarlos cuando los comete el propio.
Hay, además, un asunto todavía más delicado. En estos días se ha conocido que desde el Ejecutivo se evalúa la posibilidad de recurrir a un plebiscito si el Congreso no da curso a la reforma. Esa alternativa, en todo caso, no puede entenderse como una facultad presidencial disponible simplemente ante el rechazo parlamentario: la Constitución contempla el plebiscito en materia de reformas constitucionales bajo supuestos específicos, entre ellos determinadas discrepancias entre el Presidente y el Congreso.
Pero aun dejando de lado el problema estrictamente jurídico, la sola idea debiera obligarnos a pensar. Porque si la ciudadanía va a ser llamada a pronunciarse sobre cuestiones que pueden alterar profundamente el régimen de derechos y libertades, ¿qué clase de deliberación pública estamos ofreciendo? ¿Una deliberación informada? ¿Un debate constitucional profundo? ¿O una pregunta simplificada, instalada en medio de una comprensible angustia social frente a la delincuencia, donde quien vote contra la reforma pueda aparecer, casi inevitablemente, como alguien que está votando contra la seguridad?
Ese sería un error gravísimo. Porque una ciudadanía puede estar perfectamente legitimada para decidir. Pero la legitimidad de una decisión democrática no elimina la responsabilidad de quienes deben proporcionar las condiciones para que esa decisión sea consciente, informada y libre.
Y aquí llegamos al punto central. Tal vez nuestra democracia tenga hoy una legitimidad electoral indiscutible. Pero la democracia es bastante más matizable – y bastante más frágil – si uno se detiene en el nivel de conciencia que existe respecto de aquello que estamos modificando.
Una democracia no es solamente una urna. No es solamente una mayoría. No es solamente un Presidente elegido con el 58% de los votos. Es también una ciudadanía capaz de comprender qué está entregando cuando entrega poder. Es una prensa capaz de explicar y poner en aprietos sin condescendencia permanente. Es una academia capaz de advertir. Es una oposición capaz de criticar sin caer en el obstruccionismo. Es un oficialismo capaz de escuchar y reencauzar.
Y es, sobre todo, una sociedad que entiende que las libertades que hoy parecen abstractas – la libertad personal, la reunión, la asociación, la privacidad de las comunicaciones – adquieren un valor completamente distinto cuando alguna autoridad decide restringirlas.
Por eso quizás el mayor peligro que enfrentamos no sea todavía la aprobación de esta reforma. El mayor peligro es que llegue a aprobarse sin que Chile haya comprendido realmente qué estaba aprobando. Porque las democracias rara vez desaparecen de un día para otro. A veces comienzan a debilitarse de una manera mucho más silenciosa. Una facultad extraordinaria aquí. Una prórroga allá. Una restricción que parecía necesaria. Una excepción que se vuelve habitual. Una ciudadanía que, preocupada por sobrevivir, deja de mirar. Una academia que calla. Un Parlamento que se acostumbra a que le corran la cerca democrática. Y un poder que aprende, paso a paso, que casi nadie está mirando lo importante, seguro que la gente se distare con permanente pirotecnia comunicacional.
Ese es el verdadero motivo de preocupación. No que el Gobierno quiera combatir el crimen. Debe hacerlo. No que quiera recuperar territorios. Debe hacerlo. No que quiera proteger a los ciudadanos. Es su deber.
Lo preocupante sería que, en nombre de esas obligaciones legítimas, termináramos aceptando como normal aquello que una democracia sana debería mirar siempre con sospecha: la concentración del poder, la extensión de la excepcionalidad y la disminución de los espacios de libertad.
Porque la democracia no muere solamente cuando alguien la ataca. También puede comenzar a morir cuando quienes deberían defenderla guarda cómplice silencio.
