Diego Palomo. Abogado. Doctor en derecho procesal y académico de la Universidad de Talca.
La encuesta Cadem conocida este fin de semana ha puesto -otra vez- en evidencia que la relación entre ciudadanía y justicia es negativa. No solo por los números, que son claros, sino por lo que ellos revelan acerca de la distancia que se ha instalado entre la percepción social de la justicia y aquello que efectivamente hacen, cotidianamente, los jueces y los tribunales.
La cifra más elocuente: 83% declara no confiar en el Poder Judicial. A eso se suma: 75% lo evalúa negativamente, nueve puntos más que en 2024; 82% estima que no asegura la igualdad ante la ley; 81% no lo considera imparcial; 79% cuestiona la claridad y transparencia de sus procedimientos y 77% su eficiencia. A ello se añade: solo un 39% atribuye al Gobierno responsabilidad en el mal funcionamiento de la justicia, mientras que un 67% responsabiliza a los jueces.
Son números que deben preocupar y ocupar. Pero también deben ser interpretados, partiendo de constatar que se trata de una encuesta mide percepciones. Y las percepciones importan muchísimo -especialmente cuando hablamos de legitimidad institucional-, pero no necesariamente describen con exactitud el funcionamiento real de aquello que se está evaluando.
Este punto es el que quiero retomar en estas líneas. Hace algunos meses, también en El Centro, escribí sobre “Lo que no se ve de la Justicia”. Allí intenté poner el foco precisamente en aquello que habitualmente queda fuera de la mirada ciudadana: el tiempo que demanda un proceso, la complejidad de las decisiones, la enorme cantidad de actuaciones que ocurren antes de una sentencia, la intervención de abogados, fiscales, defensores y funcionarios, y, especialmente, los límites que necesariamente acompañan al ejercicio de la jurisdicción.
Hoy, conocida la encuesta Cedem, esas reflexiones adquieren nueva importancia y urgencia.
Lo primero que debiese entenderse: La justicia no es solamente una sentencia.
Una de las dificultades más profundas para comprender la justicia consiste en que buena parte de su trabajo es invisible.
El ciudadano de a pie suele conocer el resultado: una persona queda en prisión preventiva, otra no, una es conde, otra es absuelta, un recurso es acogido o rechazado, un tribunal autoriza o impide determinada actuación. Pero rara vez conoce -o tiene por qué conocer- el conjunto de antecedentes, argumentos, actuaciones procesales, reglas y garantías que condujeron a esa decisión.
Y aquí aparece, como talón de Aquiles, una cuestión de educación cívica que Chile reprueba.
Los tribunales no están para satisfacer expectativas sociales, políticas o mediáticas. Están para aplicar el Derecho, resolver conflictos y proteger los derechos de las personas mediante procedimientos previamente establecidos.
Esto puede producir, y de hecho produce, decisiones que incomodan. Incluso decisiones que una mayoría considere equivocadas.
Pero un estado de derecho democrático no puede confundir aquello que una sociedad desea con aquello que un tribunal está jurídicamente habilitado para resolver. La justicia no funciona como una encuesta, ni debe funcionar como un plebiscito permanente, como lo pretenden algunos.
Existe, además, una confusión institucional que debemos corregir a partir de la información levantada.
Los resultados de Cadem muestran un dato particularmente interesante: un 39% responsabiliza a la Fiscalía y a los fiscales por el funcionamiento deficiente de la justicia, mientras que un 67% responsabiliza a los jueces.
Aquí aparece una pregunta elemental de educación ciudadana: ¿sabemos realmente quién hace qué dentro del sistema de justicia?
Los fiscales del Ministerio Público no son jueces y el Ministerio Público no integra el Poder Judicial.
Los fiscales investigan y ejercen la acción penal pública. Los jueces, en cambio, ejercen jurisdicción y deben resolver, con imparcialidad e independencia, las controversias y solicitudes que son sometidas a su conocimiento. Conocer la diferencia es elemental.
Explicado con un ejemplo: Un fiscal puede solicitar una prisión preventiva; mientras un juez debe resolver si concurren o no los presupuestos legales para decretarla. Una cosa es pedir una medida cautelar y otra muy distinta decidirla.
Es elemental, pero el déficit de educación en la materia hace que no necesariamente lo sea para buena parte de la ciudadanía.
Y si no sabemos distinguir entre quien acusa y quien juzga, difícilmente podremos evaluar “con justicia” el funcionamiento de quienes integran el sistema.
Considero que no se puede pedir una evaluación informada de la justicia sin antes entregar las herramientas para comprender cómo funciona. Al menos si lo que se quiere es un resultado fiel y no torcido.
Ahora bien, dicho esto, tampoco se trata de defender lo indefendible.
Reconocer la necesidad de conocer mejor lo que se evalúa no significa abanderarse con una defensa corporativa del Poder Judicial.
Los tribunales tienen problemas, no pocos. Existen demoras, dificultades de comunicación, problemas de gestión y aspectos que pueden y deben ser mejorados. Asimismo, la independencia judicial no constituye una patente de indemnidad frente a la crítica ni una excusa para no rendir cuentas.
Al contrario, un Poder Judicial confiable necesita jueces técnicamente sólidos, prudentes, independientes, capaces de explicar sus decisiones y conscientes de que detrás de cada caso existe una persona.
Pero sería igualmente injusto construir una imagen del Poder Judicial a partir exclusivamente de sus errores, omitiendo el trabajo cotidiano de miles de jueces y funcionarios que, muchas veces bajo condiciones difíciles y con una carga considerable de trabajo, resuelven miles de asuntos.
En esto es como en todo en la vida. La justicia que funciona rara vez es noticia. La decisión controvertida, en cambio, sí. Y esa asimetría también construye percepción.
Como sea, debe el lector entender que el mal uso de una encuesta como la Cadem puede poner en juego la independencia judicial, y la independencia no es, léase subrayado y con negritas, un privilegio de los jueces. Es una garantía para todos.
Por ello, en momentos de desconfianza institucional, todas las autoridades tienen el deber de contribuir a recomponer la credibilidad de las instituciones democráticas y no a erosionarla.
Aquí el Ejecutivo tiene una responsabilidad particularmente importante, y debe abstenerse de usar políticamente el comentario de resoluciones judiciales.
Por supuesto que un Gobierno puede discrepar de una resolución judicial. Puede considerar equivocada una interpretación judicial. Puede recurrir de una resolución cuando el ordenamiento jurídico lo permite. Incluso puede impulsar reformas legislativas cuando estime que las reglas existentes son insuficientes.
Todo eso forma parte de la democracia. Lo que resulta mucho más delicado es convertir la discrepancia jurídica en deslegitimación política del juez o los tribunales.
Cuando desde el poder se cuestiona reiteradamente ciertas decisiones judiciales simplemente porque no coincide con la expectativa gubernamental, el problema deja de ser la resolución o sentencia concreta.
El mensaje que recibe la ciudadanía es otro: que existen decisiones judiciales que son aceptables mientras coincidan con el poder y cuestionables cuando se apartan de él. Y esa lógica es incompatible con la independencia judicial.
Nuestra Constitución, tan aludida en este tiempo, es categórica al señalar que los demás poderes del Estado y, en general, todas las autoridades deben respetar y hacer efectiva la independencia de la judicatura.
No se trata de pedir silencio frente a los tribunales. Se trata de exigir responsabilidad institucional en la crítica. Una democracia necesita jueces independientes, incluso cuando se equivocan
Pero no se pierda de vista lo central: La independencia judicial no fue inventada para proteger a los jueces, sino que fue concebida para proteger a los ciudadanos. A todos nosotros.
Es precisamente cuando una decisión resulta incómoda, impopular o políticamente inconveniente cuando la independencia adquiere todo su sentido.
Dicho con total franqueza: Un juez que teme al Gobierno no es independiente. Un juez que teme al Parlamento tampoco. Un juez que teme a la opinión pública mejor que se dedique a otra cosa. Qué decir de un juez que teme a las redes sociales, a los titulares o a la próxima encuesta!
La independencia exige que quien juzga pueda hacerlo sin preguntarse previamente quién se sentirá satisfecho o quién se sentirá perjudicado por su decisión.
Por eso, la respuesta a la encuesta Cadem no puede ser simplemente atacar a Cadem, atacar a los jueces o defender corporativamente al Poder Judicial. Tampoco puede consistir en ignorarla.
Hay que leerla, analizarla y ocuparse.
Pero también hay que educar a partir de ella. Explicar qué hacen los tribunales. Explicar qué hacen los fiscales. Explicar qué corresponde al Gobierno. Explicar qué significa la independencia judicial. Explicar por qué una resolución puede ser recurrida sin que ello implique que el juez que la dictó haya actuado ilegítimamente. Explicar que el debido proceso tiene un costo que no autoriza atajos, porque en derecho en general y en derecho procesal en particular, el fin no puede justificar los medios.
Aún así, hay que trabajar en la confianza de la justicia. Estos resultados deben ser atendidos. Creo que la confianza se (re) construye con buenas decisiones, con transparencia, con responsabilidad, con rendición de cuentas, con mejor comunicación y, también, con una ciudadanía capaz de comprender aquello que está evaluando.
La encuesta Cadem nos entregó una mala noticia, pero también en una oportunidad de discutir seriamente qué justicia queremos, qué jueces necesitamos y qué instituciones estamos dispuestos a proteger.
Quizás la pregunta más importante no sea solamente por qué la ciudadanía no confía en la justicia.
Quizás debamos preguntarnos qué estamos haciendo todos -jueces, abogados, fiscales, académicos, medios de comunicación y autoridades- para que se vuelva a confiar en ella.
Y aunque suene a una perogrullada, en esa tarea hay algo que no debemos olvidar: una democracia sin jueces independientes empieza a morir.
