Diego Palomo. Abogado. Doctor en derecho procesal y académico de la Universidad de Talca.
Hay noticias que una ciudad recibe con orgullo y otras que, aunque se anuncien como buenas noticias para el país, obligan a preguntarse qué significan para quienes tendrán que convivir directamente con sus consecuencias. Algo de eso ha ocurrido en Talca durante las últimas semanas con la denominada Operación Cancerbero, una intervención de gran despliegue comunicacional y operativo mediante la cual el Gobierno trasladó hasta el Complejo Penitenciario La Laguna a más de 1.500 personas privadas de libertad, muchas de ellas calificadas como de alta o máxima peligrosidad. El recinto, que tiene una capacidad de diseño de 2.320 plazas, quedó con una ocupación cercana al 83% hasta donde tengo noticia a la hora de escribir estas líneas.
No parece razonable discutir que el Estado necesita recuperar el control de sus cárceles, separar a los líderes de organizaciones criminales y mejorar las condiciones de seguridad penitenciaria. Ese objetivo no pertenece a una ideología determinada ni debiera ser patrimonio de un gobierno específico. Es una obligación elemental del Estado y, en ese sentido, La Laguna constituye una infraestructura penitenciaria de enorme relevancia para el país. El propio Presidente José Antonio Kast ha sostenido que no será posible alcanzar una seguridad plena si el Estado no recupera el control dentro de las cárceles.
El problema comienza cuando, junto con reconocer la legitimidad de ese propósito nacional, nos preguntamos qué ocurre con Talca.
Porque durante años se construyó una expectativa razonable en torno al destino de la antigua cárcel ubicada en plena Alameda. La nueva infraestructura penitenciaria no solo debía permitir mejorar las condiciones de seguridad y habitabilidad del sistema carcelario, sino también liberar un terreno extraordinariamente valioso para la ciudad y abrir la posibilidad de una transformación urbana largamente esperada. El proyecto de Centro Cívico constituye, en efecto, una iniciativa que lleva años siendo trabajada por autoridades, instituciones y la propia comunidad, y que busca recuperar una manzana de más de diez mil metros cuadrados ubicada en uno de los lugares más relevantes del centro de Talca.
En enero de este año, incluso, se suscribió un protocolo de acuerdo destinado a avanzar en la prescindencia del terreno de la cárcel de la Alameda y su posterior transferencia para hacer posible ese proyecto. Parecía, entonces, que después de años de anuncios, gestiones y expectativas, el asunto comenzaba finalmente a entrar en una etapa decisiva. Pero algo cambió.
Tras la puesta en marcha de La Laguna y, especialmente, después de la Operación Cancerbero, aquella expectativa parece haberse alejado nuevamente. El subsecretario de Justicia fue explícito al señalar, en agosto pasado, que el cierre de la cárcel de Talca no está previsto en el corto plazo.
Y aquí es donde Talca tiene legítimo derecho a formular una pregunta que no debiera entenderse como oposición al Gobierno ni como resistencia a una política de seguridad: ¿qué recibe Talca a cambio de asumir una responsabilidad penitenciaria de esta magnitud?
La pregunta es todavía más pertinente si se considera que una parte importante de los internos trasladados a La Laguna proviene de otras regiones y que el nuevo recinto fue concebido precisamente para concentrar población penal de alta peligrosidad. Durante la operación, además, el propio Gobierno destacó el carácter excepcional del dispositivo y su propósito de trasladar a líderes e integrantes de organizaciones criminales.
Esto supone necesariamente efectos territoriales. Supone desplazamientos de familiares y otros actores vinculados al sistema penitenciario; exige mayores capacidades de seguridad; demanda infraestructura; genera nuevas necesidades de transporte y servicios; y obliga a pensar cómo una ciudad que pasa a ocupar un lugar estratégico en la política penitenciaria nacional puede fortalecer también sus propias capacidades institucionales.
Por eso, quizá sea el momento de abandonar la lógica de que Talca simplemente debe aceptar aquello que el país necesita.
Talca puede y debe ser parte de la solución nacional en materia de seguridad, pero ello no significa que tenga que limitarse a recibir los costos territoriales de decisiones adoptadas desde Santiago. Si La Laguna se convierte en una pieza central de la nueva política penitenciaria chilena, el fortalecimiento de la ciudad y de la región debiera formar parte también de esa política.
Y aquí adquiere especial relevancia una coincidencia que no debiéramos dejar pasar. Hace apenas unos días, la Corte de Apelaciones de Talca conmemoró sus 138 años de existencia. En esa ceremonia, su presidente, el ministro Carlos Carrillo, formuló una petición que no es nueva, pero que adquiere particular actualidad: la necesidad de actualizar y aumentar la dotación de ministros y jueces de los tribunales de la Región del Maule. Carrillo fue claro al advertir que el incremento de una sala en la Corte no puede significar olvidar a los tribunales de primera instancia, porque, a su juicio, “todos tenemos que crecer porque es una necesidad del Poder Judicial”.
No se trata, por tanto, de una demanda corporativa. Tampoco de pedir más jueces simplemente porque sí. Se trata de algo mucho más elemental: la capacidad del sistema de justicia debe guardar alguna relación razonable con la población que atiende, con la carga de trabajo que soporta y con las nuevas exigencias que enfrenta.
El Maule tiene hoy 1.123.008 habitantes, según el Censo 2024, un 7,5% más que en 2017. Talca, por sí sola, supera los 232 mil habitantes. Y, sin embargo, buena parte de la estructura judicial de la región sigue respondiendo a diseños institucionales que no siempre han evolucionado a la misma velocidad que la población, la conflictividad y las demandas de tutela judicial.
No es una cuestión nueva. Hace ya algunos años, la propia Defensoría Penal Pública advertía que el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Talca presentaba una dotación insuficiente en relación con su población y carga de trabajo, comparándolo desfavorablemente con tribunales de otras regiones. Y en 2024 la entonces presidenta de la Corte de Apelaciones de Talca, ministra Marisol Ponce, volvía a plantear que los siete ministros de entonces no daban abasto frente a las necesidades de la región.
Lo que dijo ahora el ministro Carrillo, por eso, no debiera quedar reducido a una declaración de aniversario. Debería convertirse en una agenda regional.
Porque si de verdad estamos hablando de seguridad, debemos entender que la seguridad no comienza ni termina en una cárcel. Una política seria contra el crimen organizado requiere policías, fiscales, Gendarmería, defensores, infraestructura penitenciaria y, por supuesto, tribunales capaces de responder oportunamente a la criminalidad que el propio Estado busca perseguir.
Una región que recibe una infraestructura penitenciaria de alcance nacional y población penal de alta peligrosidad necesita también contar con un sistema de justicia suficientemente robusto para enfrentar las consecuencias de esa decisión.
Por eso, la discusión que hoy corresponde abrir en Talca no debería ser simplemente si estamos a favor o en contra del plan Cancerbero. Esa discusión, además de reduccionista, nos puede hacer perder de vista lo verdaderamente importante.
La pregunta es otra: ¿cómo hacemos para que una decisión nacional de seguridad también produzca una oportunidad de fortalecimiento para nuestra región?
Ahí cabe volver a hablar del cierre de la cárcel de la Alameda y del Centro Cívico. Cabe exigir claridad sobre los compromisos asumidos y conocer un cronograma serio, porque una ciudad no puede permanecer indefinidamente atrapada entre anuncios, protocolos y declaraciones de buena voluntad. El proyecto lleva demasiados años esperando para que nuevamente quede suspendido en un horizonte indefinido.
Pero también cabe hablar de tribunales, de jueces, de ministros, de infraestructura judicial y de recursos para el sistema de justicia.
Y esto último me parece particularmente importante: una sociedad más segura y con mejor justicia no está disponible a precio de oferta. No se obtiene a costo cero. Requiere inversión, planificación y una mirada de largo plazo.
Talca no necesita que alguien le regale nada. Necesita que el Estado reconozca que, cuando una región asume responsabilidades adicionales en nombre de una política nacional, resulta razonable que esa decisión venga acompañada de fortalecimiento institucional y territorial.
Quizás esta sea, finalmente, una oportunidad para que nuestros representantes -del Gobierno, del Parlamento, del municipio, del Gobierno Regional y también del Poder Judicial- se sienten en una misma mesa y formulen una agenda común.
No para confrontar con el Gobierno. No para convertir la seguridad en una disputa partidista. Mucho menos para cuestionar la necesidad de contar con cárceles modernas y seguras. Todo lo contrario.
Para decir que si la seguridad es una prioridad nacional, también debe ser una prioridad regional.
Y que si Talca va a ocupar un lugar estratégico en la política penitenciaria del país, es perfectamente legítimo exigir que también ocupe un lugar estratégico en la política de fortalecimiento de la justicia.
Talca no debiera ser únicamente el lugar al que llegan las malas noticias o donde se instalan las soluciones que otros necesitan.
También debiera ser el lugar donde el Estado demuestra que la seguridad, la justicia y el desarrollo territorial pueden avanzar juntos.
Porque, si no somos capaces de entenderlo así, corremos el riesgo de repetir una historia demasiado conocida: una vez más Talca pone, una vez más Talca espera y, una vez más, Talca termina perdiendo.
Ya viene siendo hora de que esa cantinela cambie.
