El Tribunal Oral de Curicó condenó a Ketty Castro por delitos asociados al cobro de prestaciones de su madre fallecida mediante poderes falsificados.
Con información del medio asociado: BBCL.
La Fiscalía de Curicó obtuvo un veredicto condenatorio contra Ketty de las Mercedes Castro Cáceres, en una causa que investigó el ocultamiento del cadáver de su madre y el cobro irregular de prestaciones previsionales y beneficios estatales.
Según los antecedentes expuestos durante el juicio, la acusada mantuvo oculto el cuerpo de su madre fallecida al interior de un domicilio ubicado en el sector Aguas Negras, en Curicó. La investigación vinculó esta conducta con el objetivo de continuar percibiendo beneficios económicos asociados a la mujer.
El fiscal jefe de Curicó, Miguel Gajardo, explicó que la acusada habría actuado con una “intención clara de aprovecharse de las pensiones de Montepío que ella recibía de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional”.
Para acceder a esos recursos, Castro Cáceres presentó poderes falsificados ante Capredena, mecanismo que le permitió continuar recibiendo las prestaciones durante aproximadamente cuatro años.
Otros beneficios cobrados
La investigación también estableció que la mujer accedió a prestaciones estatales correspondientes al periodo de la pandemia por Covid-19. Además, incorporó cargas familiares que no correspondían, generando un perjuicio económico para el Estado.
El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Curicó acogió parcialmente la acusación presentada por la Fiscalía. De acuerdo con el persecutor, algunos de los periodos incluidos inicialmente en la investigación habrían prescrito, mientras otros hechos sí quedaron dentro del periodo de persecución penal.
Entre los ilícitos acreditados figura la presentación, en 2017, de un poder falso ante Capredena. El tribunal estableció la responsabilidad de la acusada por este hecho y por la obtención fraudulenta de prestaciones provenientes del fisco o de cajas de previsión.
Pericias determinaron que podía enfrentar el juicio
El proceso judicial también tuvo una extensa interrupción debido a que la defensa planteó la posibilidad de una inimputabilidad por razones de salud mental.
Durante ese periodo, se realizaron distintas pericias psicológicas, incluido un análisis efectuado por el Servicio Médico Legal. Según explicó la Fiscalía, los especialistas determinaron que “no había tal inimputabilidad”, lo que permitió retomar el juicio oral.
Tras los alegatos de clausura, el tribunal entregó su veredicto condenatorio y quedó pendiente la determinación de las sanciones.
La lectura de sentencia quedó fijada para el 25 de septiembre, a las 13:00 horas. En esa audiencia, el tribunal deberá establecer las penas correspondientes y determinar si procede la aplicación de penas sustitutivas o efectivas.
