El fiscal regional Rodrigo Peña confirmó que recibió una denuncia anónima vinculada al caso por el que la Suprema sancionó a la ministra Marisol Ponce.
Una nueva denuncia sumó un capítulo al caso de la ministra de la Corte de Apelaciones de Talca, Marisol Ponce, quien en septiembre fue sancionada por la Corte Suprema por una falta a la probidad relacionada con el nombramiento de un conservador interino en Cauquenes.
El fiscal regional del Maule, Rodrigo Peña, confirmó que el Ministerio Público recibió una denuncia de carácter anónimo vinculada con los mismos hechos que originaron la investigación administrativa contra la magistrada.
“Efectivamente conocemos la situación porque se recepcionó una denuncia anónima en relación a esta misma situación”, afirmó Peña a Diario Talca, quien explicó que la Corte Suprema no remitió antecedentes al Ministerio Público.
La denuncia, según detalló el persecutor, fue puesta en conocimiento de la Fiscalía Nacional, debido a una prohibición establecida en la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público que impide a Peña asumir personalmente la investigación.
“Este Fiscal Regional no puede investigar esa denuncia por tratarse de una de las ministras que votó por mí en la terna de candidatos al cargo que estoy ejerciendo”, explicó.
Por ello, agregó que el eventual procedimiento deberá quedar en manos de otro fiscal regional, si así lo determina el fiscal nacional. “Lo va a tener que llevar un Fiscal Regional diverso si es que así lo determina el Fiscal Nacional, pero no está en nuestras manos”, sostuvo.
La sanción de la Corte Suprema
La nueva denuncia se conoce pocos días después de que la Corte Suprema revirtiera una decisión de la Corte de Apelaciones de Rancagua y sancionara a Ponce con dos meses de suspensión y goce de medio sueldo.
El procedimiento disciplinario se inició a raíz de una denuncia presentada por la entonces secretaria de la Corte de Apelaciones de Talca, Marianela Bravo, por hechos ocurridos durante 2024, cuando Ponce ejercía la presidencia del tribunal.
La investigación abordó dos materias. Una correspondía a una acusación por acoso laboral, respecto de la cual la Suprema confirmó la absolución. La segunda se relacionaba con las gestiones realizadas para influir en el nombramiento de un Conservador de Bienes Raíces interino de Cauquenes, hecho que finalmente derivó en la sanción.
Según los antecedentes recogidos durante el proceso, la ministra habría instruido a la secretaria de la Corte de Talca para comunicarse con el juez de Letras de Cauquenes y asegurar que este recibiera a un candidato específico durante el proceso de designación. La Suprema consideró acreditados los hechos a partir de antecedentes testimoniales y documentales, incluidos registros de comunicaciones.
El máximo tribunal calificó la conducta como una falta de probidad cometida mediante el uso del cargo que Ponce ejercía como presidenta de la Corte de Apelaciones de Talca.
Un caso que golpea al Consejo Ético
El caso adquiere una dimensión adicional porque Marisol Ponce integra el Consejo Ético del Poder Judicial, organismo creado a partir del nuevo Código de Ética Judicial.
La magistrada fue seleccionada mediante sorteo en abril de este año para formar parte de la instancia. El Consejo tiene una naturaleza preventiva, consultiva y orientadora, y busca contribuir al discernimiento ético de jueces y juezas mediante recomendaciones. No tiene atribuciones disciplinarias ni jurisdiccionales.
La sanción impuesta por la Suprema podría afectar su continuidad en esa instancia. La composición inicial se realizó excluyendo del universo de candidatos a ministros que contaran con determinadas sentencias disciplinarias, por lo que el nuevo escenario abrió dudas respecto de la permanencia de Ponce.
La situación también recuerda el caso del juez Sergio Pizarro, quien había sido sorteado para integrar el Consejo Ético, pero posteriormente renunció, según indica La Tercera. El magistrado figuraba entre los jueces respecto de los cuales la Suprema abrió un cuaderno de remoción por viajes al extranjero durante períodos de licencia médica.
Probidad bajo escrutinio
La nueva denuncia vuelve a poner en discusión el estándar de probidad que debe regir a quienes ejercen funciones judiciales, especialmente cuando las conductas cuestionadas involucran decisiones administrativas, nombramientos o eventuales influencias derivadas de un cargo de autoridad.
En el caso de Ponce existen, hasta ahora, dos planos distintos: por una parte, una responsabilidad disciplinaria ya establecida por la Corte Suprema respecto de la intervención en el nombramiento del conservador interino; y, por otra, una denuncia anónima que ahora deberá ser evaluada por el Ministerio Público. La existencia de esta última no implica, por sí sola, que exista responsabilidad penal ni que se haya iniciado una investigación formal contra la magistrada.
El escenario abre además una discusión más amplia sobre la coherencia entre la creación de nuevas estructuras destinadas a fortalecer la ética judicial y los mecanismos existentes para prevenir, detectar y revisar eventuales conflictos o intervenciones indebidas dentro del propio sistema.
La resolución disciplinaria de la Suprema y la nueva denuncia ante el Ministerio Público colocan nuevamente el concepto de probidad en el centro del debate sobre el funcionamiento y los controles internos del Poder Judicial. La eventual actuación de la Fiscalía Nacional determinará ahora si los antecedentes ameritan una investigación a cargo de un fiscal regional distinto.
