La denuncia anónima vinculada al caso de Marisol Ponce fue derivada a la Fiscalía Nacional, debido a la inhabilidad del fiscal regional Rodrigo Peña para asumir las diligencias.
La Fiscalía Nacional tendrá ahora la decisión sobre el eventual curso investigativo de una denuncia anónima presentada contra la ministra de la Corte de Apelaciones de Talca, Marisol Ponce, y relacionada con los mismos hechos que derivaron en una sanción disciplinaria en su contra.
El antecedente fue confirmado por el fiscal regional del Maule, Rodrigo Peña, quien explicó que recibió la denuncia, pero que no puede asumir personalmente las diligencias debido a una situación de inhabilidad vinculada con el proceso mediante el cual llegó al cargo.
“La denuncia fue puesta en conocimiento de la Fiscalía Nacional porque existe una prohibición en la Ley Orgánica del Ministerio Público”, explicó Peña a Diario Talca.
De esta manera, el caso salió de la órbita de la Fiscalía Regional del Maule y quedó a disposición del fiscal nacional, Ángel Valencia, quien deberá determinar si corresponde disponer diligencias y, eventualmente, qué fiscal regional podría asumir la investigación.
“Lo va a tener que llevar un Fiscal Regional diverso si es que así lo determina el Fiscal Nacional, pero no está en nuestras manos”, sostuvo Peña.
¿Por qué Peña está inhabilitado?
La situación se relaciona con el propio proceso de designación del fiscal regional del Maule.
Peña explicó que Marisol Ponce fue una de las ministras que participó en la votación de la terna de candidatos desde la cual posteriormente fue designado como fiscal regional. Por este motivo, la normativa establece una prohibición para que pueda investigar personalmente una denuncia que involucra a la magistrada.
“Este Fiscal Regional no puede investigar esa denuncia por tratarse de una de las ministras que votó por mí en la terna de candidatos al cargo que estoy ejerciendo”, afirmó.
La designación de Peña fue realizada por el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, luego de que la Corte de Apelaciones de Talca elaborara la terna correspondiente.
Por ello, el próximo paso no depende de la Fiscalía del Maule, sino de la decisión que adopte la Fiscalía Nacional respecto de los antecedentes recibidos.
Una denuncia distinta al proceso disciplinario
El antecedente conocido ahora debe diferenciarse del procedimiento disciplinario que llevó adelante el Poder Judicial y que terminó con una sanción contra Ponce.
La Corte Suprema resolvió en septiembre suspender durante dos meses a la ministra, con goce de medio sueldo, luego de establecer una falta a la probidad relacionada con su intervención en el proceso de nombramiento de un Conservador de Bienes Raíces interino de Cauquenes.
La investigación administrativa había comenzado a partir de una denuncia presentada por la entonces secretaria de la Corte de Apelaciones de Talca, Marianela Bravo. El caso posteriormente pasó a la Corte de Apelaciones de Rancagua, debido a la inhabilitación de los integrantes del tribunal talquino.
En primera instancia, Ponce había sido absuelta por la Corte de Rancagua. Sin embargo, la Corte Suprema revocó parcialmente esa decisión y determinó que existían antecedentes suficientes para acreditar una intervención en el proceso de designación del conservador interino.
¿Qué puede ocurrir ahora?
La nueva presentación abre un plano distinto: el penal.
Por ahora, el único hecho confirmado por el Ministerio Público es la recepción de una denuncia anónima relacionada con los mismos antecedentes que estuvieron en el centro del procedimiento disciplinario. La recepción de una denuncia no significa que exista responsabilidad penal ni equivale a una formalización.
El siguiente paso corresponde a la Fiscalía Nacional, que deberá evaluar los antecedentes y determinar si corresponde disponer diligencias y quién podría llevarlas adelante.
En caso de que se determine una investigación, el fiscal regional del Maule no será quien la encabece. Peña señaló expresamente que eventualmente tendría que asumirla otro fiscal regional, siempre que así lo resuelva el fiscal nacional.
Así, el foco del caso se desplaza ahora desde Talca hacia Santiago y la Fiscalía Nacional, donde deberá definirse el futuro de los antecedentes presentados contra la ministra de la Corte de Apelaciones de Talca.
