Diego Palomo. Abogado. Doctor en derecho procesal y académico de la Universidad de Talca.
Este 29 de septiembre, Chile conmemora el Día Nacional del Acceso a la Justicia. Desde luego, no se trata solamente de una fecha en el calendario institucional. Es una oportunidad para recordar que la justicia no comienza cuando una persona llega ante un tribunal. Comienza mucho antes. Comienza cuando puede conocer sus derechos, obtener orientación, recibir asistencia jurídica y encontrar una respuesta (efectiva) frente a un problema que afecta su vida.
En esta jornada, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos junto a sus Secretarías Regionales Ministeriales, las Corporaciones de Asistencia Judicial y otros servicios del sector desplegarán Plazas de Justicia en distintas regiones del país. La iniciativa busca acercar orientación, asistencia jurídica y atención especializada directamente a las personas.
Este despliegue merece ser valorado porque el acceso a la justicia no puede quedar reducido a una declaración normativa. Requiere instituciones capaces de acercarse a las personas y comprender que las barreras que enfrentan no son únicamente económicas. Existen, además, barreras culturales, territoriales, tecnológicas y de información. Para muchas personas el lenguaje jurídico sigue siendo distante y la estructura del sistema de justicia puede resultar difícil de comprender, lo que impone redoblar los esfuerzos por el lenguaje claro.
En esta tarea las universidades tienen una responsabilidad que va mucho más allá de formar abogados.
La Universidad de Talca y su Facultad de Derecho han contribuido desde el siglo pasado a esta dimensión esencial del Estado de Derecho. La Clínica Jurídica formativa ha sido una expresión concreta de ese compromiso. Allí la enseñanza del Derecho se encuentra con las necesidades reales de las personas. Los estudiantes no solamente aprenden normas y procedimientos. También conocen los problemas concretos que existen detrás de un conflicto jurídico y comprenden que el Derecho tiene sentido cuando es capaz de responder a ellos.
Esta experiencia posee un valor académico y formativo evidente pero también una dimensión profundamente social que no debiera perderse de vista. Una Facultad de Derecho no puede estar desconectada de la comunidad en la que está inserta. Formar buenos abogados supone también formar profesionales capaces de entender las desigualdades que pueden impedir que una persona haga efectivo un derecho que formalmente posee.
Pero el acceso a la justicia también exige algo más básico. Que las personas puedan entender el Derecho que las rige.
En esa tarea también existe un aporte que la Universidad de Talca realiza a través de UTalcaTV y su programa Código Claro: Derecho a Entender, que este año desarrolla ya su tercera temporada, y que me honra conducir. El programa busca precisamente acercar el Derecho a la ciudadanía mediante un lenguaje comprensible, abordando materias jurídicas que forman parte de la vida cotidiana y explicando instituciones y problemas que con frecuencia aparecen ante las personas como algo distante o incomprensible.
La divulgación jurídica no es un asunto meramente comunicacional. También es una forma de acceso a la justicia. Una persona difícilmente podrá ejercer adecuadamente sus derechos si desconoce que los tiene, si no comprende las reglas que regulan una determinada situación o si percibe el sistema jurídico como un territorio reservado exclusivamente para especialistas.
Por eso, explicar el Derecho con claridad también es una responsabilidad universitaria. La Universidad no solo puede formar a quienes mañana ejercerán la profesión jurídica. Puede y debe contribuir a que quienes no son abogados comprendan mejor el sistema del que forman parte. En ese sentido, la Clínica Jurídica y Código Claro operan desde espacios diferentes pero responden a una misma preocupación: acercar el Derecho a las personas.
Por eso hablar en la actualidad de acceso a la justicia, con un cuarto del siglo XXI ya recorrido, obliga también a preguntarse por aquellos que permanecen más lejos de ella. Los usuarios más postergados suelen ser precisamente quienes encuentran mayores dificultades para comprender el sistema, acceder a representación adecuada o conseguir una respuesta oportuna y efectiva.
Desde esa perspectiva la Universidad de Talca ha querido extender esta reflexión al ámbito académico internacional.
Durante los próximos meses se desarrollará el ciclo de conferencias magistrales “Perspectivas modernas del proceso y sus usuarios más postergados”. Se trata de una iniciativa que nos cita con tres destacados profesores extranjeros para abordar desde distintas perspectivas la relación entre proceso, vulnerabilidad y acceso a la justicia.
El 27 de noviembre, a las 14.30 horas, Luca Passanante, de la Universidad de Brescia, abordará el acceso a la justicia para los postergados y la relación entre intervención pública y herramientas privadas desde una perspectiva europea.
El 4 de diciembre, a las 14.30 horas, Edilson Vitorelli, de la Universidad Federal de Minas Gerais, analizará la relación entre los procesos y las grandes transformaciones sociales a partir de la experiencia de los procesos estructurales en Brasil y Estados Unidos.
Finalmente, el 11 de diciembre, a las 14.30 horas, Guillermo Ormazabal, de la Universidad de Girona, se referirá a las mil caras de la vulnerabilidad y al papel que puede desempeñar el Derecho Procesal en ayuda de los más débiles.
Las tres conferencias permiten mirar el problema desde ángulos diferentes. Una pone el acento en las formas de acceso a la justicia. Otra en la capacidad del proceso para enfrentar conflictos que trascienden los intereses individuales. La tercera nos recuerda que la vulnerabilidad tiene múltiples dimensiones y que el Derecho Procesal no puede permanecer indiferente frente a ellas.
Coordinaré y moderaré este ciclo en representación de la Universidad de Talca. Y creo que su realización tiene un significado que excede con mucho la organización de tres actividades académicas.
El Derecho Procesal ha sido tradicionalmente presentado como el conjunto de reglas que permiten llevar una pretensión ante un tribunal. Esa mirada resulta hoy claramente insuficiente. El proceso también debe ser pensado desde quienes lo utilizan. Desde sus dificultades y sus expectativas. Especifican desde sus posibilidades reales de obtener una respuesta.
Un sistema puede tener buenos tribunales, buenas leyes y procedimientos técnicamente adecuados y aun así presentar importantes problemas de acceso a la justicia.
Debemos preguntarnos si puede la persona que necesita justicia comprender el sistema, acceder a él y obtener una respuesta efectiva en un tiempo razonable.
Esa pregunta adquiere especial relevancia frente a la lógica que parece acompañar buena parte de las reformas contemporáneas a la justicia. La eficiencia procesal es un objetivo legítimo y necesario. Pero la eficiencia no puede reducirse a una cuestión económica ni medirse exclusivamente por el número de causas que ingresan, el tiempo que permanecen en los tribunales o los recursos que el Estado debe destinar al sistema.
La eficiencia procesal jamás debiera alcanzarse a costa del más elemental respeto por el modelo constitucional de juicio justo o de proceso con todas las garantías. Y entre esas garantías se encuentra, precisamente, el acceso a la justicia.
Por eso también merece atención el uso que estamos haciendo de los llamados métodos adecuados de resolución de conflictos. Estos mecanismos pueden prestar una contribución muy importante para resolver determinados conflictos de manera más rápida, participativa y adecuada. Pero una cosa es promover alternativas al proceso cuando ellas resultan apropiadas y otra muy distinta es utilizarlas como instrumentos de contención de la litigiosidad.
Me preocupa especialmente que, bajo el lenguaje de la eficiencia, terminemos considerando la litigiosidad como un problema en sí mismo. Litigar no siempre es una anomalía que deba ser desincentivada. Muchas veces es la expresión legítima del ejercicio de un derecho y la única vía que tiene una persona para obtener una respuesta frente a quien ha desconocido su posición jurídica.
Reducir artificialmente el número de casos que llegan a los tribunales puede aliviar las estadísticas y disminuir los recursos que el Estado debe proporcionar al sistema de justicia. Pero eso no significa necesariamente que tengamos una justicia más eficiente. Puede significar simplemente que tenemos menos personas intentando acceder a ella.
La eficiencia debe estar al servicio de la justicia y no la justicia al servicio de la eficiencia.
Ese es, finalmente, el desafío que plantea el Día Nacional del Acceso a la Justicia. Recordarnos que detrás de cada procedimiento hay una persona y que detrás de cada estadística hay un conflicto real.
Interpela al Estado, al Poder Judicial y a los abogados. Y también interpela a nuestras universidades.
Pero el acceso no puede ser entendido únicamente como la posibilidad formal de llegar a un tribunal. La ciudadanía tiene derecho a acceder a una justicia que cumpla determinados estándares de calidad. Una justicia oportuna, comprensible, imparcial y eficaz. Pero, sobre todo, una justicia en la que las personas puedan confiar. La justicia necesita ser fiable. Necesita que quien acude a ella tenga la legítima expectativa de encontrar una institución que actuará con independencia, rigor, imparcialidad y probidad.
Las últimas encuestas obligan a mirar esta cuestión con especial atención. La medición más reciente de Cadem, correspondiente al 27 de septiembre, sitúa a los Tribunales de Justicia en apenas un 18% de aprobación, con una caída de cinco puntos respecto de la medición anterior. Se encuentran así entre las instituciones peor evaluadas por la ciudadanía.
Un dato como este no puede ser leído simplemente como un problema de imagen. Debiera ser entendido como una señal que exige reflexión y compromiso. Una justicia que pierde la confianza de quienes deben recurrir a ella enfrenta un problema que va más allá de las estadísticas de aprobación. La legitimidad de la justicia también se construye en la experiencia concreta de las personas que esperan una respuesta, en la calidad de las decisiones, en la transparencia de sus procedimientos y en la percepción de que nadie está por encima de la ley.
En la Universidad de Talca tenemos una historia que nos compromete. La Clínica Jurídica formativa es parte de ella. La formación de nuestros estudiantes también. Código Claro y la labor de UTalcaTV forman parte de ese mismo compromiso desde otra dimensión. La investigación y la discusión académica sobre las transformaciones que necesita la justicia completan este esfuerzo.
El acceso a la justicia no puede ser solamente una política pública ni una preocupación de quienes trabajan diariamente en los tribunales. Es una condición esencial para que los derechos dejen de ser una promesa y puedan convertirse en una realidad.
Y esa realidad exige algo más que abrir las puertas de los tribunales. Exige que las personas sepan que pueden entrar, comprendan cómo hacerlo y tengan razones para confiar en lo que encontrarán al otro lado.
En este Día Nacional del Acceso a la Justicia conviene recordarlo. Y también asumir que la Universidad tiene un papel que cumplir. No solamente enseñando Derecho. También ejerciendo una función social que permita acercarlo, explicarlo y hacerlo efectivamente accesible para quienes más lo necesitan.
Porque, en definitiva, no basta con tener derecho a acceder a la justicia. La ciudadanía tiene derecho a acceder a una justicia en la que pueda confiar.
