La parlamentaria valoró el operativo de la Fiscalía y la PDI, que dejó 12 detenidos por una presunta trama de corrupción que habría defraudado $3 mil millones.
Facturas falsas, pagos por trabajos no realizados y cobros duplicados. Estas son algunas de las acciones investigadas por la PDI y que la Fiscalía Regional del Maule dio a conocer este lunes, en el marco del denominado Caso Facturas, que afecta a varias comunas del Maule Sur.
La investigación involucra a funcionarios públicos de la Delegación Presidencial Regional del Maule, el SERVIU y los municipios de Colbún, Longaví, Villa Alegre y San Javier, además de la empresa Constructora Pereira e Hijo. Todos ellos serían parte de una presunta organización criminal que habría defraudado recursos públicos por cerca de 3 mil millones de pesos.
En total, 12 personas fueron detenidas en el marco de esta investigación, diez de ellas funcionarios públicos. Los imputados son indagados por los delitos de fraude al fisco, cohecho, soborno, estafa a factoring, falsificación mercantil, delitos tributarios y lavado de activos, entre otros.
El caso ha generado un fuerte impacto en los municipios afectados, que han debido destinar recursos propios para pagar estas facturas tras demandas de cobro y resoluciones judiciales, pese a que los pagos fueron cuestionados debido a la falta de certeza respecto de la ejecución efectiva de los servicios.
“Es una muy buena noticia que la Fiscalía y la PDI hayan desmantelado una red de corrupción que llevaba tiempo defraudando a municipios del Maule Sur y que estaba integrada, en parte, por funcionarios públicos en ejercicio, entre ellos el director de Operaciones Habitacionales del SERVIU Maule, Rafael Viguera”, indicó la senadora por el Maule, Beatriz Sánchez Muñoz.
La parlamentaria agregó que los involucrados “serían parte de una organización que defraudó y cobró por obras que nunca se realizaron”.
“Que se investigue hasta el fondo esta red de corrupción, más aún cuando seguían tranquilamente defraudando al fisco, ya que la empresa constructora se habría cambiado de nombre para seguir trabajando en otros municipios de la región. Eso es inconcebible, por lo que solicito máxima transparencia en este proceso, sobre todo cuando se trata de funcionarios públicos activos, cuyo rol va en directo beneficio o desmedro de la gente, como en este caso”, finalizó la senadora.





