Advierten contrato de $2.200 millones entre Municipalidad de Talca y empresa investigada en caso de fraude al fisco en el Maule

El concejal Rodrigo Poblete alertó sobre obras de veredas, multas y trabajos pendientes, mientras el municipio anunció una revisión de los antecedentes.

Una nueva arista surgió en Talca a raíz de la investigación que indaga una presunta red de corrupción que habría generado una defraudación cercana a $2.972 millones en recursos públicos del Maule.

El antecedente fue expuesto durante una sesión del Concejo Municipal de Talca, donde el concejal Rodrigo Poblete alertó sobre contratos entre el municipio y Constructora Pereira e Hijos Limitada, empresa vinculada a particulares que se encuentran en prisión preventiva en el marco de la investigación judicial.

La existencia de uno de esos contratos está respaldada por documentación oficial. Según el Decreto Alcaldicio N.º 0650, de 8 de febrero de 2023, la Municipalidad de Talca adjudicó a Constructora Pereira e Hijos Limitada la ejecución del proyecto “Mejoramiento Integral de Aceras Sector 15, Talca”, por un monto total de $2.201.187.997, IVA incluido. El documento identifica a David Pereira Leiva como representante legal de la empresa.

El decreto establece que el proyecto, financiado con recursos del Gobierno Regional del Maule a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), contemplaba un plazo de ejecución de 300 días corridos. El documento también señala que los estados de pago serían gestionados a través del Gobierno Regional del Maule, conforme al procedimiento establecido en las bases administrativas.

Poblete afirmó que revisó información disponible en el Portal de Transparencia de la Municipalidad de Talca y detectó contratos de la empresa con el municipio.

“Yo estuve revisando el portal de transparencia de la municipalidad y pude apreciar a simple vista que esta misma empresa constructora tiene contratos importantes con el municipio de Talca”, sostuvo.

Según el concejal, existirían trabajos pendientes en sectores como Abate Molina y Costanera, además de reclamos de vecinos respecto del estado de las obras.

Poblete también mencionó la existencia de multas por cerca de $600 millones asociadas a la empresa y solicitó esclarecer el estado de los contratos, así como la situación de las garantías correspondientes.

“Los vecinos del sector Abate Molina y Costanera han denunciado hace años que son obras inconclusas. También aparecen multas $600 millones a la empresa por parte del municipio”, afirmó.

El decreto municipal revisado establece, además, un régimen de multas por eventuales atrasos en la ejecución de las obras. Para contratos con más de 180 días de ejecución, fija una multa diaria equivalente al 0,3% del monto neto del contrato, con un máximo de 20%. Sin embargo, el documento por sí solo no acredita que se hayan aplicado multas por $600 millones a la empresa.

Concejal pide revisar contratos

El representante comunal vinculó estos antecedentes con aspectos expuestos durante la formalización de los imputados en San Javier, donde la Fiscalía presentó antecedentes sobre el funcionamiento de la presunta organización investigada.

Según explicó Poblete, durante la audiencia se expusieron antecedentes relacionados con la solicitud de aumentos de plazo y recursos para determinados proyectos, además de cuestionamientos vinculados con el cobro de garantías y multas.

“En la formalización del caso en San Javier se vio un modus operandi donde esta empresa constructora tramitaba aumentos de plazos y de recursos para ejecutar proyectos similares”, señaló el concejal.

A partir de esos antecedentes, Poblete pidió establecer si situaciones similares pudieron registrarse en contratos suscritos por la Municipalidad de Talca.

“Queremos que se aclare qué ocurre con estos contratos del municipio de Talca”, planteó.

Talca no figura entre los municipios afectados

Los antecedentes planteados en el Concejo Municipal deben diferenciarse de los hechos que forman parte de la investigación judicial actualmente en curso.

Durante la formalización de los primeros 10 imputados, la Fiscalía de San Javier expuso antecedentes sobre presuntos delitos de agrupación criminal, cohecho, soborno, falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil, estafa, fraude al Fisco y lavado de activos.

La investigación involucra a funcionarios y exfuncionarios de las municipalidades de Colbún, Villa Alegre, San Javier y Longaví, además de profesionales vinculados al Gobierno Regional del Maule y particulares relacionados con empresas constructoras.

Entre los formalizados se encuentran particulares vinculados a Pereira e Hijos Limitada, quienes quedaron sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva, de acuerdo con los antecedentes de la causa.

Sin embargo, la Municipalidad de Talca no fue mencionada entre los municipios afectados por la defraudación investigada durante la audiencia de formalización.

Asimismo, ninguno de los 10 imputados que actualmente cumplen prisión preventiva ejercía funciones en la Municipalidad de Talca.

Por lo mismo, los antecedentes expuestos en el Concejo Municipal no establecen por sí mismos una vinculación de la Municipalidad de Talca con la red investigada. Lo que corresponde ahora es determinar si los contratos suscritos con la empresa presentan incumplimientos, multas pendientes, problemas en la ejecución de las obras u otras situaciones que ameriten acciones administrativas o judiciales.

El municipio deberá recopilar los antecedentes solicitados por el concejal y revisar la situación contractual de la empresa antes de determinar eventuales medidas.

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