Fiscalía solicita hasta 15 años de cárcel para alcalde de Linares por presunto fraude al fisco

El caso contempla 55 testigos y 432 documentos que el Ministerio Público utilizará para acreditar presuntas irregularidades cometidas durante adquisiciones realizadas en la pandemia.

La Fiscalía solicitó penas de cárcel que llegan hasta los 15 años y un día para el alcalde de Linares, Mario Meza Vásquez, y otras personas investigadas por presuntos delitos de fraude al fisco y fraude de subvenciones.

El Ministerio Público presentó el pasado domingo 4 de octubre la acusación que dará paso a la etapa de preparación del juicio oral. En total, la Fiscalía anunció 55 testigos y 432 documentos como medios de prueba.

La investigación se originó a partir de presuntas irregularidades en compras realizadas durante la pandemia de Covid-19, operaciones que el municipio de Linares y sus departamentos de Educación y Salud efectuaron mediante tratos directos.

De acuerdo con los antecedentes reunidos por el Ministerio Público, en las operaciones participaron funcionarios con cargos de jefatura y responsables de fondos públicos. Las pesquisas se extendieron durante un periodo prolongado debido al análisis de documentación, boletas y transacciones comerciales.

Según la acusación, las operaciones cuestionadas contemplaron la adquisición de bidones de cloro, test rápidos de Covid-19, cajas de mascarillas y alimentos. La Fiscalía sostiene que estas compras se realizaron sin cumplir con la normativa vigente y que registraron sobreprecios que no tendrían justificación.

El perjuicio económico atribuido a estas operaciones alcanza, según la investigación, aproximadamente $119 millones para las arcas fiscales.

Las penas solicitadas por la Fiscalía fluctúan entre cuatro años de presidio y 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo, además de la eventual inhabilitación para ejercer cargos u oficios públicos.

La fiscal jefe de Linares, Carola D’Agostini, explicó que la acusación busca avanzar hacia la audiencia de preparación del juicio oral, instancia en la que se determinarán los medios de prueba que podrán presentarse posteriormente ante el tribunal.

“La finalidad es que nosotros podamos acreditar la responsabilidad que le cabe a estas personas en delitos de fraude al fisco y fraude de beneficio o de subvenciones”, señaló la persecutora.

La audiencia de preparación de juicio oral quedó fijada para el 3 de noviembre. Si esta instancia se desarrolla conforme a lo previsto, el proceso avanzará posteriormente al juicio oral, donde se resolverán las responsabilidades de los distintos acusados.


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