El parlamentario llamó a revisar el proyecto y puso el foco en las facultades de la institución, su despliegue territorial y los mecanismos de designación durante la transición.
El diputado Roberto Celedón manifestó su preocupación por la reforma al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) impulsada por el Gobierno y advirtió que algunos de sus cambios podrían afectar la autonomía e independencia del organismo encargado de proteger los derechos fundamentales.
Entre los aspectos que generan reparos, el parlamentario apuntó a la propuesta de eliminar la facultad del INDH para presentar querellas, una herramienta que considera relevante para que la institución pueda actuar frente a eventuales vulneraciones de derechos humanos.
Celedón también cuestionó que la iniciativa no establezca un mandato que asegure la presencia de sedes regionales del organismo. A su juicio, garantizar una cobertura territorial adecuada resulta fundamental para acercar la protección de los derechos fundamentales a las personas y comunidades de todo el país.
Otro de los puntos que concentró sus críticas corresponde a la incorporación, durante el período de transición, de cinco integrantes de confianza presidencial. Para el diputado, esta disposición puede generar dudas respecto de la independencia institucional del INDH y de su capacidad para ejercer su función de control frente a las autoridades.
El parlamentario sostuvo que cualquier modificación al funcionamiento del organismo debe orientarse a fortalecer sus capacidades, ampliar sus herramientas de protección y asegurar condiciones que permitan desarrollar su labor con independencia.
“Podemos y debemos mejorar el funcionamiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos, pero no a costa de debilitar su autonomía ni reducir sus herramientas para actuar frente a las vulneraciones de derechos fundamentales”, señaló Roberto Celedón.
En esa línea, el diputado planteó que el debate legislativo debe considerar especialmente el rol que cumple el INDH como institución destinada a establecer límites al ejercicio del poder estatal y a resguardar los derechos fundamentales de las personas.
La discusión sobre la reforma, sostuvo Celedón, debe centrarse en cómo mejorar el funcionamiento del organismo sin comprometer su independencia, evitando modificaciones que puedan reducir su capacidad de respuesta ante situaciones que involucren posibles vulneraciones de derechos humanos.





