Contraloría amplía sus fiscalizaciones y detecta casos de funcionarios que apostaron, viajaron o trabajaron mientras estaban con licencia médica.
La Contraloría General de la República amplió las indagatorias sobre el uso irregular de licencias médicas por parte de funcionarios públicos. Identificaron nuevas prácticas que transgreden las normas del reposo laboral. La información fue expuesta por la contralora Dorothy Pérez ante la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados, en una sesión realizada este lunes.
“Esta fiscalización la vamos a hacer todos los años de manera masiva”, advirtió la jefa del organismo. Detalló una serie de acciones que forman parte de los nuevos Consolidados de Información Circularizada (CIC). Estos informes buscan detectar a empleados del Estado que, durante su licencia médica, trabajaron en emprendimientos, recibieron multas de tránsito en regiones distintas a su domicilio, viajaron por el país, apostaron en casinos o visitaron parques nacionales.
La contralora recalcó que el proceso incluye el cruce de bases de datos públicas. Así se identifican situaciones incompatibles con el estado de salud declarado en la licencia. “Estamos revisando con el objetivo específico de disuadir a los funcionarios públicos”, afirmó Pérez. Sostuvo que si bien la mayoría de los trabajadores cumple con sus deberes, “hay otros que no, y para esos nosotros estamos revisando cada situación”.
Recuperar recursos públicos malgastados
En su presentación, la autoridad aseguró que esta estrategia de fiscalización no solo tiene fines sancionatorios. “Lo que más nos interesa es disuadir para que la mayor cantidad de recursos públicos que se malgastaban en esto vayan a la prestación de salud de la población más vulnerable realmente”, indicó.
La Comisión Investigadora se conformó tras la publicación de informes previos a mediados de mayo. Estos informes alertaron sobre más de 25 mil funcionarios que salieron del país con licencia médica vigente. Esta situación generó alarma a nivel nacional.
Asimismo, Pérez se refirió a las investigaciones en curso que involucran a personal adscrito a Dipreca y Capredena, organismos previsionales especiales del sistema público. En ese sentido, adelantó que “probablemente dentro de un plazo de dos meses” se conocerán los resultados del trabajo iniciado tras la entrega del primer CIC en mayo.
La autoridad aclaró que la fiscalización previa se centró en funcionarios civiles afiliados a Fonasa o Isapre. Ahora se amplía a sectores militares y policiales.
