Una auditoría reveló que Carabineros no incautó autos robados ni detuvo a prófugos detectados en fiscalizaciones. La Contraloría abrió un sumario e informó al Ministerio Público.
Una auditoría de la Contraloría General de la República puso en entredicho la eficacia de los controles vehiculares realizados por Carabineros en la Región Metropolitana. Entre enero de 2023 y junio de 2024, los uniformados no incautaron 626 vehículos con encargo por robo ni detuvieron a 144 personas con órdenes judiciales vigentes. Aunque los controlaron en carretera, no los incautaron.
El informe del órgano fiscalizador, encabezado por Dorothy Pérez, advirtió que Carabineros no aplica de manera uniforme los protocolos establecidos para este tipo de operativos. Además, presenta deficiencias en el uso de sistemas informáticos durante las fiscalizaciones.
La revisión se centró en la Zona de Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial de Carabineros, donde también se detectaron 869 infracciones que ameritaban el retiro de vehículos. Sin embargo, este retiro no se concretó. Se trataba de casos como autos sin patente, sin SOAP, sin revisión técnica y con placa oculta.
Otra falla grave fue que en 145.715 controles no se consultaron las patentes en el Sistema Unificado de Encargo de Vehículos. Esto omite un procedimiento clave para detectar autos robados.
La Contraloría también detectó una falencia a nivel nacional: la policía uniformada no cuenta con dispositivos para medir la transmisión luminosa de vidrios. Este hecho impide fiscalizar los vidrios polarizados, cada vez más comunes en vehículos particulares.
Ante estas irregularidades, el organismo ordenó abrir un sumario administrativo. Además, remitió los antecedentes al Ministerio Público, el cual deberá determinar si corresponde iniciar una investigación penal.
Descargos y responsabilidades
En su defensa, Carabineros argumentó que no pudo retirar ciertos vehículos infractores. Esto se debe a que el aparcadero municipal de Melipilla se encuentra colapsado desde 2024. Según sus descargos, esta situación ha impedido actuar en conformidad con la ordenanza vigente.
Frente a este punto, la Contraloría ordenó a la Municipalidad de Melipilla adoptar medidas correctivas. Estas medidas deben garantizar el cumplimiento de la ley respecto del uso de los aparcaderos municipales.
“Se advirtió la falta de una serie de procedimientos y/o normativas, tales como la estandarización en el uso de los sistemas utilizados para el control vehicular”, indicó el informe.
Este nuevo informe profundiza las críticas a la labor de fiscalización de la policía uniformada. Esto es especialmente importante en un contexto donde los controles vehiculares han sido promovidos como herramienta clave de prevención del delito.
