Una grave denuncia afecta al director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheverry. No habría pagado contribuciones durante al menos nueve años.
La propiedad que es motivo de controversia está emplazada en Paine, cerca de la Laguna de Aculeo. Dicho inmueble, que comparte con su esposa, no solo figuraba con un avalúo desactualizado, sino que también incluía edificaciones no regularizadas ante el municipio, según un reportaje de 24 Horas.
La información, obtenida vía Ley de Transparencia, indica que en el terreno se registraba solo una vivienda de 213 metros cuadrados. Sin embargo, en la práctica existen al menos dos construcciones adicionales y una piscina, sin permisos de edificación. Esta diferencia llevó a una reciente actualización del avalúo fiscal. Pasó de $158 millones a más de $339 millones. Ello incrementaría el monto de contribuciones a pagar de $225 mil a cerca de $638 mil trimestrales.
Etcheverry se defendió asegurando que ha intentado regularizar la situación durante años: “Contraté un arquitecto, he hecho gestiones, he contratado estudios, pero ha sido imposible”, dijo. Explicó que que hace nueve años presentó antecedentes al SII que supuestamente fueron extraviados. “(…)Parece que se nos perdieron todas las declaraciones.60 mil declaraciones se perdieron y pasó el tiempo y las encontraron hace cuatro meses atrás”, declaró.
La situación ha generado duras críticas en el Congreso. Desde Renovación Nacional, los diputados Miguel Mellado y Andrés Longton exigieron su renuncia inmediata. Calificaron de inaceptable que, pese a su cargo, Etcheverry solo deba regularizar los últimos tres años de pagos, cuando se le imputa una omisión de casi una década. “No le puede estar pidiendo a los chilenos que paguen las contribuciones cuando él las evita, las evade y no las paga”, sentenció Mellado.
Desde el PPD, el diputado Héctor Ulloa pidió una investigación a fondo, señalando que es “cuestionable que nos hayamos enterado por la prensa y no por él mismo”. Además, destacó la contradicción entre su función y su conducta: “En casa de herrero, cuchillo de palo”.
El SII respondió que el cobro se limitará a tres años, como lo establece la ley. No obstante, la controversia pone en entredicho la autoridad del titular del servicio y su permanencia en el cargo.
