El Congreso despachó una ley que endurece las penas por robo de cables y falsificación aduanera, incluyendo agravantes si afectan servicios esenciales.
Con 116 votos a favor y ninguno en contra, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó a ley un proyecto que agrava las sanciones por robo, hurto y receptación de cables, particularmente los utilizados en telecomunicaciones y servicios básicos. La norma también refuerza la persecución del fraude en exportaciones y falsificaciones aduaneras.
La iniciativa fue originada en el Senado, pero debió pasar por una comisión mixta debido a las modificaciones introducidas por la Cámara Baja. Entre las principales novedades, se encuentra la sustitución del término “telefonía” por “telecomunicaciones” en el Código Penal, adecuando la legislación al contexto tecnológico actual.
Uno de los cambios más relevantes es la incorporación de agravantes si los delitos provocan interrupciones en servicios públicos o domiciliarios, como agua, luz, gas, alcantarillado o internet. También se considerará agravante si el autor se hace pasar por un trabajador de una empresa de servicios o usa información privilegiada obtenida como empleado.
En paralelo, se introdujeron reformas a la Ordenanza de Aduanas. A partir de ahora, se castigará con mayor severidad a quienes declaren falsamente el origen de productos o adulteren certificaciones en exportaciones. Los funcionarios públicos que participen en este tipo de delitos enfrentarán penas equivalentes a los autores materiales. Esto se aplica si lo hacen en el ejercicio de sus funciones.
Más afectados, mayor sanción
La legislación también establece que cuando el robo de cables afecte a una cantidad significativa de usuarios en un poblado, la pena podrá elevarse a presidio mayor en su grado mínimo, es decir, entre 5 años y un día y 10 años. Además, se modificó el artículo 485 del Código Penal, fijando sanciones adicionales. Estas sanciones aplican si los daños causados superan las 40 UTM.
“Este proyecto busca proteger a la ciudadanía de delitos que afectan directamente su calidad de vida y comprometen la seguridad pública”, señalaron desde el Congreso.
Un delito en alza
Durante el primer semestre de 2025, Chile enfrentó una alarmante escalada de robos de cable eléctrico. Se registraron 705 episodios en redes de distribución y transmisión operadas por la empresa CGE. Esta cifra representa casi cuatro veces más que en el mismo período de 2024, cuando se contabilizaron solo 190 eventos.
En total, 209.112 metros de cable de cobre —equivalentes a 209 kilómetros— fueron sustraídos. Esta distancia es similar al trayecto entre Santiago y la comuna de Molina, en la Región del Maule. Como consecuencia, más de 440 mil clientes quedaron sin suministro eléctrico en diversas zonas del país.
Entre las regiones más afectadas, Coquimbo lidera con 59.198 metros robados. Le siguen Biobío (27.223 m), Maule (22.317 m), Antofagasta (22.127 m), Tarapacá (21.185 m) y la Región Metropolitana (20.420 m).
El endurecimiento de penas responde a un fenómeno delictual en alza, que ha dejado a miles de personas sin servicios básicos. Sin embargo, la efectividad de la ley dependerá del control territorial, la fiscalización y la capacidad del Estado para perseguir estos delitos con inteligencia y rapidez.
